Carlos Ribagorda | bez | 

El cambio en la fórmula de elección del presidente y el Consejo de RTVE, aprobada este jueves en el Parlamento, supone el primer pacto entre PSOE, Podemos y Ciudadanos para derribar las políticas del Gobierno. El nuevo jefe de la cadena pública se elegirá por concurso público, y refrendado por el Congreso con una mayoría de dos tercios en primera votación y mayoría absoluta en la segunda si cuenta con el respaldo de cuatro partidos. Por primera vez, Podemos y Ciudadanos han aparcado sus vetos.

En efecto, más allá de reprobaciones a ministros o proposiciones no de ley que han salido adelante en el Congreso pero no obligan al Gobierno a nada, la reforma de RTVE es el primer gran pactoentre los tres grandes partidos de la oposición, cuestión que está ahora de nuevo sobre la mesa tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE y su acceso de nuevo a la Secretaría General del partido el 18 de junio.

Descartada una nueva moción de censura por el veto mutuo entre Ciudadanos y Podemos, la actualidad política nacional -además de Cataluña- gira en torno a si será posible que Sánchez consiga aglutinar esa “mayoría parlamentaria” que le permita echar abajo las políticas “de la etapa negra del PP”. Porque para acabar con las leyes del PP no basta con estar de acuerdo en derogarlas, es necesario también pactar un texto alternativo entre los tres partidos. ¿Supone el acuerdo sobre RTVE, que anula la reforma de 2012 aprobada solo por el PP, el primer paso de otros muchos? ¿O es un acuerdo aislado?

Las negociaciones in extremis de los tres partidos hasta la propia mañana del jueves auguran un futuro negro a este tripartito. Cierto que las cesiones del PSOE a Ciudadanos han servido para que la norma incluya el concurso público como método de elección al presidente y al Consejo de RTVE desde ya mismo, no a partir de junio de 2018, cuando caduca el mandato del actual presidente, José Antonio Sánchez. “No queríamos que esto se convirtiera en un quitar a un amigo para poner a otro amigo hasta junio de 2018”, asegura Guillermo Díaz, portavoz de Ciudadanos.

Y cierto también que las cesiones de Ciudadanos al PSOE han permitido que, una vez realizado el concurso público, sea necesaria una mayoría de dos tercios del Congreso para nombrar al presidente. Además de aceptar que si no se consigue esos dos tercios -el PP podría bloquearlo porque tiene más de un tercio de los votos-, sea necesario el apoyo de un mínimo de cuatro partidos para sacarlo adelante en la segunda votación -y mayoría absoluta-. “Para nosotros era fundamental esa cláusula antibloqueo”, explica José Miguel Camacho, portavoz del PSOE.

Diferencias

Pero, pese al pacto, la distancia entre los partidos es grande, aún mayor desde la llegada de Sánchez a la Secretaría General del PSOE. “Antes de las primarias estábamos negociando la reforma de la ley con el PSOE y estábamos cerca del acuerdo, avanzando. Sin embargo, después de la victoria de Sánchez el PSOE se ha ido con Podemos”, asegura el portavoz de Ciudadanos. PSOE y Podemos cerraron el miércoles por la noche un pacto, que no incluía el concurso público para elegir al presidente hasta junio de 2018. “Ellos no querían el concurso público. Lo aceptaron porque le obligó Podemos”, insiste Díaz, que limita los pactos futuros a “todo lo que sea para regenerar las instituciones”.

Ciudadanos ha estado siempre al lado del PP en esta negociación.

José Miguel Camacho. Portavoz PSOE

Mientras, en el PSOE critican a Ciudadanos porque, pese al pacto final, “han estado siempre al lado de las tesis del PP, más cerca del PP que del acuerdo que teníamos PSOE y Podemos”, explica Camacho. “Ellos se han visto obligados a unirse a nuestro acuerdo en cuánto hemos aceptado lo del concurso público. Ahí se han visto ya sin argumentos para que la proposición de ley no saliera adelante. Pero han estado todo el rato junto al PP”, asegura el negociador socialista.

La derrota del PP -solo ha sido aprobada una de sus enmiendas, la referida a que el Consejo de la cadena pública se mantenga en nueve miembros y no se amplíe a doce– parece deberse más por tanto a evitar el desgaste político de aparecer como el culpable de que continúe la “manipulación de los informativos” en la cadena pública, según la oposición.

Las claves de la reforma

Tras el pacto, la norma pasará al Senado, que tiene un plazo de 20 días para aprobarla y enviarla de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Una vez publicada en el BOE y entre en vigor -suelen ser quince días-, empieza el plazo de tres meses para que los grupos pacten las normas del concurso público para elegir al Consejo y al presidente de RTVE. Este proceso podría acabar en 2018. Incluso si no hay acuerdo, el texto aprobado señala que se elegirá al nuevo presidente por el método en vigor, es decir, sin concurso y por mayoría absoluta. Por lo tanto, para designar un presidente contrario a los intereses del PP será necesario de nuevo que PSOE, Podemos y Ciudadanos pacten un nombre.

Tras el concurso -al que puede presentarse cualquier ciudadano con un proyecto para la cadena-, se votará en el Congreso. Si obtiene el apoyo de los dos tercios de la Cámara será elegido, si no será necesaria una segunda votación para la que es necesario la mayoría absoluta y el apoyo de al menos cuatro grupos del Congreso. Es una imposición del PSOE para evitar que un grupo imponga a su candidato o pueda bloquear el nombramiento. El Consejo se elegirá de la misma forma, seguirán siendo nueve miembros y debe ser obligatoriamente paritario.


¿Llegarán más acuerdos a tres bandas?

 C.R.

La falta de una voluntad clara de los tres grandes partidos de la oposición es solo una de las razones por las que no han pactado textos alternativos para derogar las leyes más polémicas del PP. Porque, no es justo olvidarlo, otra de las razones es la política de vetos que ha llevado a cabo el Gobierno para no permitir al Congreso iniciar la tramitación de proposiciones de ley como la subida de las pensiones o la reforma laboral.

Sin embargo, hay otras normas que podrían haber salido adelante ya que no afectan a las cuentas públicas -argumento del PP, reconocido en la Constitución-. Por ejemplo, el futuro de la central nuclear de Garoña o la prisión permanente revisable.

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