Elisa Beni | El Diario | 21/06/2017

Es cuestión adverada que resulta inconveniente lanzar escupitajos al cielo. La fuerza gravitatoria suele forzar que te vuelvan a caer encima. Por eso no he parado de advertirles a todas las fuerzas políticas regeneracionistas, o que lo parecen, que se dejaran de tonterías y no basaran sus esfuerzos en cuestiones vanas como la eliminación absoluta de los aforamientos o el establecimiento de la mera imputación formal (ahora investigación) como barrera para la dimisión.

Sólo desconociendo el funcionamiento del sistema puede pensarse que esta medida no tendría efectos contrarios a los deseados y que no se convertiría en un arma de demolición política del adversario. Héteme aquí que los concejales Sánchez Mato y Mayer están recibiendo en todo el ojo el lapo.

Por otra parte, no admitiré que nadie me llame parcial o incoherente. En las fonotecas hay un programa entero de Onda Cero en el que yo me muestro contraria a que Ciudadanos quisiera forzar la dimisión del presidente de Murcia sin que ni siquiera un juez le hubiera oído. Luego se cruzó por medio Eloy Velasco, pero esa es otra historia.

Los concejales de Ahora Madrid están sufriendo en sus carnes el riesgo cierto de promulgar códigos éticos en los que se incluyan medidas injustas. Es manifiestamente injusto pretender que cualquier político tenga que dimitir con el mero llamamiento a declarar de un juez. Además, como se ha visto, es temerario porque el oponente lo va a utilizar.

No es justo porque en el sistema español cualquiera puede interponer una querella con un relato de hechos en un juzgado y, excepto que este relato presente hechos que para nada tengan apariencia de delito, el juez deviene obligado a admitirlo a trámite. Ya comprenderán que es muy sencillo redactar unos hechos que “aparentemente” podrían ser delictivos.

Digo que el juez viene obligado a admitir la querella a trámite y digo más, viene obligado también a llamar a los querellados como imputados (investigados) para su protección penal, porque es la fórmula legal para que acudan acompañados de su abogado. Así que existe casi un automatismo entre presentar una querella y que los querellados acaben imputados (investigados).

Si además, los ofuscados regeneradores se empeñan en añadir un automatismo externo en sus pactos y códigos éticos –”dimisión en cuanto sean imputados”– pues ya han establecido la cadena perfecta para que cualquier político pueda ser derribado: basta con llevar al juzgado algo que al menos parezca que es delito.

Es exactamente lo que ha hecho el Partido Popular. Ha presentado una querella con unos hechos que aparentan delictivos para provocar la caída de los concejales. El uso espurio de la Justicia es más que evidente. Y lo es porque no sólo la conducta de ambos concejales no puede ser delictiva sino que además es profundamente moral.

Los querellantes afirman que se ha dilapidado dinero público solicitando unos informes innecesarios y que no iban a ninguna parte por motivos políticos. El primer fallo del razonamiento estriba en que los informes fueran innecesarios. El mero relato que se incluye en ellos del sistema de contratación practicado llevaría incluso a un profano a cuestionar que no hubiera irregularidades que, estas sí, habrían perjudicado a las arcas públicas madrileñas en algo más que unos miles de euros.

La inspección y los servicios técnicos municipales les cuentan a los recién llegados de Ahora Madrid que todo está bien pero, ¿no hay motivos para sospechar que se trata de una visión parcial puesto que fueron ellos mismos los que dieron por bueno el sistema de contratación que está bajo sospecha? Con buen criterio, Sánchez Mato y Mayer quisieron una opinión que no tuviera nada que perder, que fuera neutral, y pagaron por ello. Pues bien, en esos informes imparciales se relata un sistema de contratación y ampliación de contratos que es muy dudoso. Mucho.

La segunda falsedad de la querella del Partido Popular estriba en el hecho de afirmar que los informes no tienen ningún valor ni servirán para nada. Esa premisa no sólo es falsa sino que es temeraria, pero útil a sus fines. Los informes fueron entregados por los concejales a la Fiscalía y ésta, que se sepa, aún no ha tomado ninguna determinación al respecto. Esto sólo significa que no han rechazado de plano la denuncia y que hay una lentitud de reacción en el Ministerio Público que quizá deberían explicar.

Por otra parte, como ya sabemos por experiencia, la Fiscalía no tiene de momento el monopolio del inicio de la acción penal. Créanme si les digo que las probabilidades de que la contratación municipal del Open Madrid de Tenis acabe judicializada y de que exista el que se podría llamar “Caso Open” son tan tan altas que yo las daría por ciertas.

Si como es de prever, los informes encargados por ambos concejales acaban siendo la base para una investigación judicial sobre todo ese asunto, ¿qué mal habrán hecho los ediles? ¿El de ponerle un problema judicial más sobre la mesa al Partido Popular de Madrid? ¿El de haber puesto la lupa sobre otro negocio no demasiado claro para los contribuyentes?

Las posturas de Mayer y Sánchez Mato son perfectamente respaldables y la de los populares profundamente tramposa. Aquí la única posición que me parece criticable es la de Manuela Carmena que, quizá por miedo a que la ciudad perdiera el Open y a las críticas que ello suscitaría, no respaldó a sus concejales en la búsqueda de la verdad. Claro que a ella también le ha caído el gargajo en plena frente porque, magistrada como ha sido, sabe que no puede dejar caer en tales circunstancias a su gente porque cometería una injusticia manifiesta.

Lo mejor sería que dejaran de escupir.

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