Vanesa Rodríguez | El Diario | 03/07/2017

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se reforma el sistema de compensación equitativa por copia privada. El gravamen estaba pendiente de reforma después de que la Justicia Europea tumbara el canon aprobado por el Gobierno en 2012, que preveía el pago, con cargo a los Presupuestos del Estado, de una compensación a los autores por las copias de sus obras por los particulares.

El nuevo decreto ley recoge que la compensación a los autores por copias privadas se cargará a los fabricantes de soportes de grabación, volviendo de esta forma al sistema vigente en la época del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Según explican a eldiario.es desde el ministerio de Cultura, la tasa se aplicará a “cualquier dispositivo que tenga capacidad de copia”, lo que abarca “desde teléfonos móviles, a tablets, discos duros o impresoras”.

Aunque el texto cargue el canon a los fabricantes, las empresas que venden estos aparatos pueden acabar repercutiéndolo a los usuarios a través del precio final.

El Real Decreto-Ley fija diferentes cuotas provisionales en función del soporte. Según la nota de prensa del ministerio, “por un teléfono móvil o smartphone los fabricantes abonarán 1,10 euros y por un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet, 3,15 euros”.

La nota añade que se “gravan a los mismos aparatos que en los países de nuestro entorno, pero en una horquilla de cuantías más baja”.

Fuentes del ministerio explican a eldiario.es que con estos ejemplos se demuestra que son unas “cuantías mínimas” que se cargarán a los fabricantes y que ejemplifican, según Cultura, que son tarifas que “se ajustan a la realidad” porque reconocen que la cantidad de personas que realizan copias privadas “es residual”.

El ministerio asegura que se llevará a cabo una implantación escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo que “se espera que sea convalidado en el próximo Pleno del Congreso”.

Con el decreto, “las personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes, además de las entidades del sector público, quedan exentas del pago”.

De esta forma se corrige uno de los defectos que tuvo el canon predecesor de la época de Zapatero y que le valió una sentencia de la Justicia Europea por aplicar indiscriminadamente el canon también a empresas y administraciones.

Según informa el Ministerio de Cultura, las entidades de gestión, con quienes se ha acordado este texto, tendrán que constituir “una persona jurídica” que se encargará de la gestión del canon: “comunicarán la facturación por este concepto a fabricantes y distribuidores de equipos” y gestionarán “las excepciones de pago y los reembolsos”.

Regreso al pasado

El canon se concibe como una sobretasa que se aplica al precio de todos los equipos electrónicos que sean capaces de almacenar copias de cualquier tipo de contenido, como vídeos, archivos de música o imágenes.

Con ese dinero se trata de compensar a los autores que, según la Ley de Propiedad Intelectual, tienen “derecho irrenunciable” a cobrar una cantidad por cada reproducción que se haga de su obra. Sobre el papel, lo pagan los fabricantes, pero como se vio durante el tiempo que estuvo en vigor el viejo canon digital, finalmente la tasa recae sobre los consumidores porque los fabricantes lo repercuten en el precio de los productos.

Los soportes se venían grabando por este concepto desde 1987, aunque por aquel entonces solo afectaba a cintas de casete o VHS.

El canon fue actualizado por el gobierno de Zapatero en 2006 a través de una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Para adaptarlo a las nuevas tecnologías se revisaron las tarifas y se decidió gravar cualquier soporte que pudieran servir para realizar copias de obras protegidas por derechos de autor. Así se ponía una tasa a los móviles, CD, DVD o las memorias USB para supuestamente compensar a los autores.

En aquellos años, en pleno boom de los formatos digitales, el canon digital se encontró con una gran oposición ciudadana. Gran parte de ella se agrupó en la plataforma Todos Contra el Canon, que movilizó a particulares, sindicatos y diversas organizaciones. Juntos llegaron a recoger más de dos millones de firmas para pedir su abolición. Su principal reclamación era que el canon era indiscriminado ya que se gravaba cualquier soporte independientemente de el uso final que se le diera.

La victoria de las entidades de gestión

En octubre de 2010, con la sentencia ‘Padawan’, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el canon digital por la forma en que se aplicaba a empresas y profesionales que utilizaban estos soportes para fines distintos a la copia privada.

En marzo de 2011, la Audiencia Nacional anuló la orden que regulaba las tarifas del canon digital por deficiencias formales en el reglamento. En diciembre de ese mismo año, el canon fue derogado definitivamente para ser sustituido por un nuevo sistema de compensación.

En 2012, el Gobierno de Rajoy aprobó repercutir el canon en los presupuestos del Estado, algo que según la Justicia Europea no se podía hacer ya que era una medida “indiscriminada” por la que acababan pagando todos los contribuyentes hicieran copias privadas o no.

Las entidades de gestión no estaban muy contentas con el cambio, ya que vieron como perdían una de sus principales fuentes de financiación. La nueva compensación cargada a los presupuestos, había supuesto que pasaran de ingresar 115 millones de euros en 2011 a solo 5 millones en los años siguientes.

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) recurrieron el decreto ante el Supremo que trasladó sus dudas “en torno a un problema de derecho de la Unión Europea” al TJUE.

El tribunal europeo tumbó en junio de 2016 esta forma de compensación porque violaba las normas comunitarias.  Unos meses más tarde, el Supremo ejecutaba la sentencia.

Según informa el Ministerio de Cultura el texto aprobado en el Consejo de Ministros ha sido acordado con las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual, que se muestran satisfechas porque finalmente han logrado recuperar, como reclamaban el antiguo sistema de compensación.

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