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Francisco Rouco | bez | 

España no tiene hoy una ley concreta que proteja a los denunciantes de corrupción. Hay algo parecido en Castilla y León, aunque muy limitado, y ahora mismo se están desarrollando dos proyectos: uno en la Asamblea de Madrid, de alcance regional, y otro, más ambicioso, en el Congreso, la Ley Integral contra la Corrupción.

Países como Estados Unidos, Canadá o, más cercanos, como Bélgica, Francia, Reino Unido, Hungría o Eslovenia, por citar algunos ejemplos, cuentan con normas concretas de protección a los denunciantes.

La Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes es el primer acercamiento concreto en España a la protección del denunciante de corrupción. El texto reconoce que “es muy importante fomentar la denuncia de la corrupción” y que “con frecuencia, los funcionarios y trabajadores del sector público muestran reticencias a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias”. Esta ley nace para “proteger a los denunciantes a través de mecanismos eficaces que generen confianza”, puede leerse en el proyecto de ley.

Esta norma, propuesta en septiembre del pasado año por Ciudadanos y aprobada por todos los grupos políticos salvo por el PNV, se dirige exclusivamente a funcionarios y cualquier personal que trabaje en una institución pública, a quienes garantiza “el derecho a la confidencialidad, a recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, al asesoramiento legal en relación con la misma, a la indemnidad en su puesto de trabajo, y a recibir justa indemnización por los daños que pueda sufrir como consecuencia directa de su denuncia”.

Esta norma se dirige exclusivamente a funcionarios y cualquier personal que trabaje en una institución pública

Para Daniel Amoedo, coordinador de proyectos en Transparencia Internacional, “esta ley es un gran paso hacia la protección del denunciante, ya que cubre aspectos que hasta el momento no habían sido abordados”. Para el jurista, es un acierto que se incluya también a los empleados no funcionarios que trabajan en instituciones públicas, pero reconoce que es “fundamental” ampliar el marco legal a las instituciones privadas y que se proteja también a los ciudadanos particulares.

Para tramitar toda denuncia de corrupción pública, la ley propone la creación de la Autoridad Independiente de Integridad Pública, organismo que sustituye a la actual Oficina de Conflictos de Intereses en sus funciones de vigilancia del régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos.

De cara al denunciante, hay varios aspectos que preocupan a Transparencia Internacional. Uno de ellos tiene que ver con los requisitos para interponer denuncia, pues la ley propuesta obliga al demandante a presentar pruebas concretas que sostengan su denuncia. “Es un requisito muy estricto”, explica Amoedo, “pues muchas veces este tipo de denuncias no se inician con pruebas concretas, sino con rumores o presunciones”.

Otro aspecto preocupante tiene que ver con la protección del denunciante. Desde Transparencia Internacional celebran que se ofrezca al denunciante la posibilidad de solicitar medidas de protección, pero echan de menos que se facilite una representación legal que actúe en defensa del denunciante si llegaran denuncias de la Administración por difamación o calumnias, por ejemplo, o incluso ante medidas de presión y represalias. Cuando quien denuncia lo hace con nombre y apellido, las represalias son habituales.

Protección contra las represalias

Ante la desprotección de quien denuncia, hay pocos ejemplos de denunciantes identificados. Destacan los casos de Ana Garrido, quien destapó Gürtel, Azahara Peralta, denunciante de Aquamed, o Luis Segura, quien expuso la corrupción en las Fuerzas Armadas. En estos tres casos hubo represalias tras la denuncia. Los tres denunciantes, junto a otros, forman parte de la Plataforma X la Honestidad, un lobby que propone mejorar la protección de los denunciantes de casos de corrupción.

La ley será aprobada sin añadir ninguna garantía a quien denuncie dentro del sector privado

Conocidos los riesgos de la denuncia con nombre y apellidos, la alternativa es la denuncia anónima. “En el espectro judicial español no está bien vista la denuncia anónima. Se admite porque es una denuncia criminal, pero su tramitación no es tan sencilla como si fuera una denuncia normal hecha por una persona de identidad determinada”, explica Daniel Amoedo, de Transparencia Internacional. Fuera de la vía judicial existen los buzones anonimizadores, como Filtrala.org o XNET, entre otros. En este caso, el denunciante no inicia unas pesquisas judiciales, sino que aporta su testimonio para que los medios de comunicación investiguen y difundan los hechos delictivos.

La Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes entrará en vigor previsiblemente a finales de este año. Supone un avance importante en materia de protección del denunciante en el ámbito público, pero será aprobada sin añadir ninguna garantía a quien denuncie dentro del sector privado.

1 Comentario

  1. Fue una buena y necesaria medida la propuesta de CIUDADANOS, justo es reconocerlo, como también cuando se equivoca.

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