María Ascensión López, de 53 años, sospecha que es una víctima del caso de los bebés robados y, a pesar de ello, podría convertirse en la primera persona que ingresa en prisión en España por las adopciones ilegales que comenzaron en el franquismo y continuaron durante gran parte de la democracia. Al morir su padre, cuando tenía ocho años, un familiar le dijo que dejara de llorar por un hombre que la había comprado al nacer. Esa revelación provocó una búsqueda de sus orígenes que ahora podría terminar pagando con la cárcel.

El delito de López, según un tribunal de Almería, fue relacionar con su adopción ilegal a Dolores Baena, una monja prima de su padre adoptivo, en varios medios de comunicación. Por injurias y calumnias, fue condenada hace un año a pagar 40.000 euros de indemnización, 3.000 de multa más las costas, y una reparación del daño moral que debe abarcar la publicación de la sentencia en los medios en los que se manifestó. Es la primera sentencia firme por un caso de bebés robados en España que las asociaciones de afectados llevan años denunciando. Lo llamativo es que la sentenciada es una víctima.

López, presidenta de la asociación S.O.S. Bebés Robados Almería, acudió en 2015 al plató de Telecinco para hablar sobre su caso. La cadena emitió una serie de tres capítulos que precedían a un coloquio con las víctimas presentado por Jordi González. La víctima contó su historia y citó con nombres y apellidos a la religiosa, quien aparecía en un expediente de su adopción en Sevilla obtenido a través de sus familiares. “Pregunté durante muchísimos años a mi entorno familiar. Cuando ya no tenía por donde seguir, acudí a un plató de televisión. Quería aportar todos los datos. Cometí el error de nombrar a una monja y ella me denunció”, explica a cuartopoder.es.

Ascensión López, bebé robada, en una foto de su infancia.
Ascensión López, bebé robada, en una foto de su infancia. / Ascensión López (cedida).

La Coordinadora X24, que representa a las asociaciones de bebés robados de todo el territorio, ha pedido esta semana el indulto al Gobierno con más de 94.000 firmas de apoyo recabadas a través de la plataforma change.org. El plazo para conceder el indulto finaliza el sábado y el Consejo de Ministros debería pronunciarse al respecto este viernes. A pesar de que la monja confirmó que su firma aparecía en el expediente de adopción, López podría ir a la cárcel por injurias y calumnias contra ella. La víctima asegura que no tiene dinero para enfrentar la indemnización y, si no paga, tendrá que ingresar en prisión durante cinco meses.

Preguntado por Unidos Podemos en el Congreso la semana pasada, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, indicó que la concesión del indulto era “muy complicada”. En el proceso de tramitación del indulto se tienen en cuenta tres documentos: un informe del tribunal que dictó sentencia, otro de la Fiscalía de la acusación y un escrito de las personas ofendidas. En los tres casos los informes han sido negativos. “La posición de la monja es radical”, explica López. No obstante, el ministro señaló que es posible reconsiderar los casos de “naturaleza social” y que éste, en concreto, representa “un problema de fondo” que son las adopciones ilegales. También resaltó que le constaba la “extraordinaria labor” que lleva a cabo la acusada como presidenta de S.O.S. Bebés Robados Almería.

López, que dice haber recibido el cariño y el apoyo de las asociaciones de bebés robados y la sociedad civil, mantiene aún la esperanza de evitar la prisión. Este miércoles, la entrega de las firmas recabadas para pedir su indulto fue acompañada de una concentración frente al Ministerio de Justicia que estuvo respaldada por todas las organizaciones del Estado que luchan por la misma causa. “Siento que soy condenada por segunda vez. Cuando nací se me condenó a estar separada de mi madre. Ahora la condena la van a cumplir mis dos hijos, que van a ser separados de mí”, manifiesta.

La otra cara: un 95% de los casos de bebés robados están archivados

El juez Baltasar Garzón, que califica el robo de bebés como “crimen de lesa humanidad”, cifra en más de 30.000 los bebés que fueron arrebatados a sus progenitores desde el franquismo hasta los años 90. Algunos expertos aumentan el número de niños adoptados ilegalmente hasta 300.000. La presidenta de la Coordinadora X24, María Bueno, ha solicitado el indulto de López, a quien defiende de “un estado de derecho enfermo donde lo legal se aleja de lo justo”. Según explica, alrededor de un 95% de los casos han sido archivados. “Todo esto es incomprensible. Las víctimas estamos absolutamente desgarradas con la poca vergüenza de un Estado que no asume sus crímenes”, denuncia. “El colectivo de víctimas por los niños robados es el mayor de este país, pero todo está saliendo a la luz ahora por la presión internacional”, resalta.

Una delegación de parlamentarios de la Eurocámara visitó España el pasado mes de mayo para reunirse con representantes del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y algunas víctimas. Actualmente se encuentran redactando un informe con recomendaciones no vinculantes para las autoridades españolas, pero sus primeras conclusiones fueron que los ciudadanos tenían “una falta enorme de confianza” en que el Gobierno les facilitara el esclarecimiento de los hechos.

A día de hoy hay escasos procesos abiertos en los juzgados. De momentoInés Madrigal es la primera víctima de bebés robados en España que podrá ver como su caso llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid. A sus 84 años, el doctor Eduardo Vela, quien presuntamente falseó los documentos de su nacimiento en 1969, espera la fecha de la vista oral para sentarse en el banquillo. El único proceso judicial que aglutina varios casos por todo el Estado –cerca de 80– se inició hace siete años en la provincia de Cádiz por orden del fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros. Los casos se volvieron a remitir a la Fiscalía después de seis años de instrucción y sin ningún resultado. Entre los reclamos más importantes de las asociaciones de afectados por estas adopciones ilegales se encuentran la creación de una fiscalía específica que atienda sus casos en todo el país y la creación de un banco de ADN que sirva para encontrar a sus familiares.

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