María F. Sánchez| Cuartopoder |  

La mayoría son de Marruecos, algunos de Argelia, de Siria o de Guinea-Conacry. Ponen en peligro su vida para llegar, saltar la valla e intentar buscar un futuro que no les pertenece. Son niños que huyen del conflicto de sus países, de familias desestructuradas, del maltrato y que, una vez que pisan suelo español, quedan bajo la protección del Estado. En Melilla, el lugar de España donde hay un mayor número de jóvenes marcados con el acrónimo de MENA –Menores Extranjeros No Acompañados– ingresan en La Purísima, un centro de acogida que tiene capacidad para 180 niños y que ahora acoge a más de 300.

“Esto no es un hotel”, es la primera frase que les dicen al llegar y que se repite en muchos de sus testimonios. Es verdad que la estancia es lo menos parecida a agradable, porque más del 92% dicen haber sido tratados de forma violenta en el centro, según recoge el informe “De niños en peligro, a niños peligrosos” de la asociación melillense Harraga. Por eso se escapan a la calle, donde malviven, esnifan pegamento, son objeto de todo tipo de abusos y prueban suerte para ingresar como polizones en el siguiente barco que les lleve a la Península y les saque del infierno.

La Purísima, el mayor de los tres centros de menores que existen en Melilla, es un antiguo edificio militar que dejó de tener este uso porque no reunía las condiciones adecuadas. El acceso es prácticamente imposible para las personas que no trabajan allí, según denuncian las asociaciones que trabajan con menores sobre el terreno. La diputada de Podemos Ione Belarra pudo ingresar al edificio hace dos semanas y las críticas que realizó sobre la situación de los menores le valieron un enfrentamiento con el consejero melillense de Bienestar Social, Daniel Ventura, quien anunció que a partir de ahora se endurecerían las condiciones de visita porque el lugar no es “un circo”.

Este torreón “es tétrico”, relata la parlamentaria a este medio. La Purísima tiene dos módulos: uno para los niños que pasan allí más tiempo y otro para los que entran y salen a la calle con frecuencia. En la segunda estancia, “donde se encuentran los niños más vulnerables, muchos enganchados al pegamento” hay salas con “unas cincuenta literas pegadas las unas a las otras”, relata Belarra. “Está sucio y el olor acongoja”.

El consejero de Bienestar Social, responsable del tutelaje de los menores, ha argumentado en varias ocasiones que cuando estos menores llegan a Melilla algunos de ellos ya se encuentran en situación de calle y no quieren permanecer en los centros de acogida de la ciudad. El presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón explica que los niños escapan de un lugar donde “se les niega el afecto y el buen trato que necesitan”.

La situación de los menores que llegan a Melilla no es nueva. Prodein se inscribió en el año 1999 como respuesta al problema de los niños marroquíes que en ese momento ya llegaban a la ciudad norteafricana. En el año 1996 se había aprobado la Ley de Protección de Menores, pero tardó en aplicarse. En ese momento, relata Palazón, había un centenar de jóvenes que habitaban en las calles, pero la situación pronto se normalizó y los niños fueron atendidos, escolarizados, e incluso se les pagaba una actividad extraescolar. “Nos enfrentamos a la peor situación desde entonces”, explica el presidente de Prodein.

Actualmente se estima que hay más de 3.000 MENA repartidos por nuestro país, según los datos que el Gobierno proporcionó al Senado el pasado mes de mayo. En estas últimas cifras se recoge que en total hay 675 menores no acompañados en Ceuta – 201– y Melilla –474– que proceden en un 91% de Marruecos, aunque también hay de otros lugares como Argelia, Camerún, Guinea, Congo… El número puede variar, además de que los exámenes médicos a los que someten a estos niños para determinar su edad no siempre son fiables, denuncian las organizaciones. No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes que rondan las calles, aunque Palazón, en contacto permanente con ellos, asegura que ahora mismo rondan la treintena. Hay momentos del año, en función del flujo migratorio o de otros factores, en los que pueden llegar a ser unos 70 u 80.

Imagen de unos menores que residen de La Purísima.

Imagen de unos menores que residen de La Purísima. / PRODEIN

El abandono en las calles

Los menores se lanzan a la la parte antigua de la ciudad y a rondar la zona de las rocas que conforman los espigones del puerto. Esta es una zonas insegura, de difícil acceso, donde a menudo resultan heridos. También son lugares donde quedan a merced de las drogas y la voluntad de los pederastas. “Los hay que tienen unos 11 años. Hay bastantes con 14, 15 o 16. Sufren mucho maltrato de sus propios compañeros, de las fuerzas de seguridad, de la Policía. No tienen ninguna necesidad cubierta, tienen frío y tienen hambre”, explica Palazón, cuya asociación organiza cada noche una cena con los menores en las calles para garantizarles una comida al día.

El responsable de la Parroquia de Entrevías (Madrid), Javier Baeza, acudió a una de esas cenas durante el viaje realizado por la Caravana Abriendo Fronteras, una ruta organizada por más de 100 colectivos que se dirigió este mes a Melilla para denunciar la situación de los refugiados. Relata que encontraron a niños y adolescentes con heridas que tuvieron que ser atendidos por el personal médico que viajaba con ellos y denuncia “la irresponsabilidad de las autoridades y de todo el aparato tutelar” que no garantiza el bienestar de los menores.

Ante las sucesivas quejas por parte de las autoridades de Melilla, que se han declarado “desbordadas” e incapacitadas para hacer frente a la cantidad de menores que reciben, el Consejo de Ministros aprobó el mes pasado una dotación económica de 6,4 millones de euros para los centros de menores dicha ciudad y Ceuta. No obstante, las organizaciones desconfían y dudan que el dinero se use para dar una atención adecuada a estos niños, más allá de aumentar las plazas de los lugares de acogida. Critican que las autoridades evitan dar “un trato digno” a los jóvenes para evitar así el “efecto llamada” que atraería a otros del otro lado de la valla. Un informe de la Universidad de Comillas publicado en marzo apuntaba a que “la ciudad no asume que estos niños son hijos del Estado de español y los señala como ‘hijos de Marruecos’ a través de múltiples comparecencias públicas por parte de los máximos responsables de la ciudad”.

Un sistema hostil va acompañada de una percepción nada compasiva de los ciudadanos de Melilla. Según una encuesta incluida en el informe de Harraga, “el 30% de las personas entrevistadas opina que los niños de la calle les da pena o lástima”, mientras que “el 70% piensa que no deberían estar en la calle porque roban, molestan, dan miedo y mala imagen a la ciudad”. No obstante, según las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior, existe una tasa de hurtos y robos violentos en Melilla muy inferior a las tasas de Madrid o Barcelona y, de ese porcentaje, apenas de un 10% de los incidentes están relacionados con los MENA.

Documental ‘Fronteras: ¿Niños perdidos o abandonados?’ de la Asociación Prodein.

La trampa burocrática de los 18

Son también muchas las dificultades administrativas que encuentran los menores una vez que han cumplido los 18 años. Algunos de ellos llevan viviendo dos o tres años en Melilla cuando alcanzan la mayoría de edad. La ONG Harraga especifica en su informe que, en base a las experiencias vividas y a los datos recogidos, “los niños son engañados entre trámites burocráticos y vacíos legales”, mientras que, cuando dejan de ser menores, “son obligados a abandonar el centro sin ser informados absolutamente de nada”.

Los niños que llegan a Melilla deben acudir a registrar su huella un mínimo de dos veces para obtener la tarjeta de residencia. Cuando la obtienen, a menudo no les informan de la fecha de renovación. “Son muchos los niños que no la tienen, o la tienen caducada, ya que nadie se encarga del seguimiento de esta”, denuncia el informe. Una vez que cumplen la mayoría de edad se encuentran con que no tienen “esa residencia que tanto les costó conseguir”. No obstante, el documento añade que la situación está mejorando y los menores encuentran menos dificultades, algo que no tranquiliza a Palazón. “Cada vez que quieren limitar el número de niños les niegan los permisos de residencia. Los niños pierden la confianza y se van al puerto para colarse en un barco que les lleve a la Península. Melilla no es ningún sitio donde estar”, lamenta.

A muchos de los que logran alcanzar esos barcos se les pierde la pista. Llegan a Almería, Málaga o Motril y, después, pasan a encontrarse en paradero desconocido. El año pasado Europol alertaba de que 10.000 menores migrantes no acompañados habían desaparecido en Europa y estipulaba que una gran parte de ellos podría haber caído en redes de trata de personas. Otros consiguen reunirse con familiares en España u otros países europeos y mantienen el contacto con Prodein, relata Palazón. “Cada uno tiene su suerte”, añade.

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