| La Marea | 11 Agosto 2017

Simon Sencho mira las colinas que rodean el pueblo que era su casa en el Valle del Rift, en Kenia. Es una de las cerca de mil personas de la etnia masai que fueron desplazadas por la construcción de la planta geotérmica de Olkaria. Igual que otros 1.200 indígenas que tuvieron que marcharse en el condado de Marsabit, a unos 380 kilómetros al norte de Olkaria, para dar lugar a la instalación de un parque eólico en la zona del Lago Turkana.

Ambos proyectos han recibido dinero de la Unión Europea. De hecho, en la última década el Banco Europeo de Inversión (BEI) ha dado más dinero a Kenia que a cualquier otro país africano. El BEI, que canaliza los préstamos de la UE, concedió 119 millones de euros a las plantas geotérmicas Olkaria I y IV, así como 225 millones de euros para el proyecto de energía eólica en Lago Turkana.

La región de Olkaria, al sur del Lago Naivasha en el centro de Kenia, tiene un altísimo potencial de energía geotermal. La empresa que gestiona las plantas Olkaria I y IV es KenGen, participada por el gobierno keniano en un 70%. Además del BEI, este proyecto fue financiado por el Banco Mundial, la Agencia de Desarrollo de Francia, el gobierno de Kenia y otras instituciones.

“KenGen tiene una maquinaria muy poderosa. No podemos con ellos”, dice Sencho, que fue desplazado junto con los demás masai de Olkaria en agosto de 2014. “En nuestros corazones sabemos que va contra nuestras tradiciones abandonar nuestra tierra”, añade este hombre, que regentaba un centro cultural para turistas antes de que tuviera que marcharse. En 2014, KenGen les había prometido títulos de propiedad para sus nuevas casas pero todavía los están esperando hoy. “Nos hicieron muchas promesas diciendo que nos cuidarían después de la relocalización. Pero hasta hoy ninguno de los problemas ha sido solucionado”, afirma Sencho. Los masai mandaron sus quejas al BEI y al Banco Mundial y ambas instituciones concluyeron que KenGen tendría que haberles otorgado los títulos de propiedad antes del traslado.

Jeanette Schade, una investigadora en Derechos Humanos de la Universidad de Bielefeld (Alemania), explica que el retraso en la tramitación de una ley pudo ser el problema, tal y como alegaba KenGen. “En 2012, Kenia aprobó una ley del suelo para regular la propiedad privada y la pública, pero la parte de la norma que se refiere a las comunidades no se aprobó hasta 2016”, cuenta esta experta. Tras una mediación del BEI, la comunidad de Olkaria y KenGen firmaron un acuerdo sobre los títulos de propiedad en 2016. Sin embargo, después la empresa solo ofreció un leasehold, un alquiler de las tierras con duración indeterminada a los desplazados, en vez de derechos sobre la propiedad. “Ahora que la ley de propiedad para las comunidades [Comunity Land Act] ha entrado en vigor no entiendo por qué no se les otorgan títulos de propiedad”, se pregunta Schade. El masai Sencho no está convencido: “No hay ninguna garantía de que un día estas tierras sean nuestras”.

Los masai de Olkaria, un pueblo pastor, son reconocidos como una comunidad indígena por la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana. Según la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la comunidad tendría derecho a participar en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus tierras. Sin embargo, en Kenia solo se considera como personas indígenas a comunidades que viven de la caza y de recoger frutos. “Por motivos políticos, en Kenia tienen un problema en reconocer a pueblos de pastores como indígenas”, dice Schade. “Ya en 2011 las comunidades reclamaron parte de los beneficios a KenGen que lo rechazó, diciendo que no había ninguna ley estatal en la que podían basar sus exigencias”, añade esta investigadora.

Eleni Kyrou, especialista en desarrollo social en el Departamento de Asuntos Sociales y Medioambientales del BEI, explica que el banco no clasificó a los masai de Olkaria como gente indígena “porque estas comunidades no cumplen los cuatro criterios para llevar una vida de pueblo indígena”. Kyrou sostiene que “sus medios de vida no son homogéneos en el sentido de que no dependen de las tierras que habitan y su producción no es principalmente autosuficiente”.

Otro motivo por el cual el BEI no aplicó su política de protección de indígenas en la fase de evaluación del proyecto en 2009, según relata Kyrou, fue que quería evitar agravar las tensiones tribales en Kenia a raíz de la violencia étnica que se había producido en las elecciones anteriores. “Las instituciones de crédito demostraron sensibilidad respecto a lo que estaba pasando en el país porque justo estaba saliendo de los violentos disturbios civiles de 2007-2008”, explica Kyrou, quien insiste en que las personas afectadas, en cualquier caso, recibieron el trato como comunidad vulnerable.

El diálogo entre la comunidad de Olkaria y KenGen ahora está estancado. Sencho ya advirtió a la empresa que los masai de Olkaria podrían retomar sus tierras. “Estamos listos para bloquear Olkaria IV”, dijo. KenGen entonces demandó a Sencho y otros masai pero el caso fue abandonado. Anna Roggenbuck, de Bankwatch, una organización que vigila a los bancos, considera que el BEI podría hacer más para proteger a líderes de comunidades que expresan sus quejas. “El BEI podría haber reducido el riesgo al dejar claro ante la empresa de que no acepta que se amedentre a las personas”, dice Roggenbuck. En una carta a Bankwatch, el BEI admite que “cualquier represalia potencial contra las comunidades afectadas por proyectos sería inaceptable”. KenGen no respondió a nuestras peticiones para aclarar este asunto y otras preguntas. Los masai aún aspiran a encontrar una solución con la compañía pero el tiempo juega en su contra. Mientras están a la espera, temen que más proyectos se instalen en Olkaria y que otra planta geotermal, llamada Akiira, pueda construirse cerca de donde viven ahora. Para ambos proyectos se ha solicitado financiación al BEI.

PASTAR ENTRE MOLINOS

Las plantas geotérmicas de Olkaria no son el único quebradero de cabeza para el BEI en Kenia. El Lake Turkana Wind Project (LTWP) es el principal proyecto extranjero y el mayor parque eólico en el país que debe generar la quinta parte de la electricidad de Kenia. La empresa holandesa KP&P Africa lo empezó con fondos del BEI, del Banco Africano de Desarrollo, del Gobierno holandés y de otras empresas. LTWP ha sido aclamado como un gran éxito, pero la gente que habita en el distrito Loiyangalani ha tenido una experiencia difícil con el parque eólico.

Los planes de LTWP para ocupar 40.000 acres de terreno, más una zona de contingencia de otros 110.000 acres para “desarrollos futuros”, hizo saltar la alarma entre los habitantes. Para los grupos étnicos de El Molo, Samburu, Rendille y Turkana, estas son sus tierras ancestrales. Son comunidades reconocidas por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Presentaron una querella contra la concesión de estos 150.000 acres a LTWP en 2009 porque la empresa no había cumplido con el requisito de consultar a los habitantes. En noviembre de 2016, un juez decidió que el proyecto fuera adelante y que las dos partes negociaran una compensación, pero las conversaciones se han parado. El tribunal también limitó el área del parque eólico a 87.500 acres.

Los promotores alegaron que los molinos de viento solo ocupan un 0,2% de la superficie y que los indígenas podrían usar el resto como tierra de pasto para sus animales. Además, LTWP se comprometió con unos 60 proyectos para ayudar a la comunidad. Sin embargo, las personas afectadas se quejan de carencias. Simon Ekitoye, un vecino de 60 años, asegura que el único compromiso cumplido fue la construcción de un pozo, pero que este solo funciona de vez en cuando. “No es suficiente para las necesidades de todos nosotros”, lamenta.

Kyrou, del BEI, no pudo confirmar los compromisos de LTWP para la construcción de escuelas o hospitales en la zona, pero subrayó que se habían creado cientos de puestos de trabajo en la región, si bien temporales. LTWP rechazó nuestra petición para una entrevista y el BEI no quiso comentar sobre el caso legal que sigue abierto. Mientras el parque eólico de Turkana empieza a funcionar este verano, los indígenas han perdido sus tierras ancestrales y siguen esperando una solución.

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