Otro agosto más en el calendario, y suman ya ochenta sin contar el del fatídico año 1936. Fue por aquel entonces cuando, el día 16, Federico García Lorca fue detenido en la calle Angulo de la ciudad de Granada. Se alojaba en el hogar de la familia de su amigo Luis Rosales, también poeta, donde cometió el error de sentirse seguro debido a la reconocida militancia falangista de varios miembros de dicha familia. Dos días más tarde, la madrugada del día 18, Lorca sería fusilado en la carretera que une Víznar y Alfacar, tal como otras miles de víctimas de la represión fascista. Junto a él también fueron fusilados el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

Este hecho marcó trágicamente la memoria de la Granada del franquismo. Hablar del poeta en público se convirtió en tabú. Quien fuera probablemente el intelectual español más reconocido a nivel internacional, dramaturgo y ensayista además de poeta, murió víctima de la represión desenfrenada de la Nueva España. Aquello pesó enormemente durante largas décadas, como así se percataron Agustín Penón e Ian Gibson, los primeros investigadores que osaron hurgar en el oscuro y trágico episodio de la muerte de Lorca, aún durante el franquismo. Desde aquellas primeras pesquisas han surgido numerosas teorías sobre los motivos que llevaron al poeta a tan dramático desenlace. Cruel es la historia reciente en España, albergadora de mitos, visiones y revisiones, que oscurecen la búsqueda de la verdad y con ello imposibilitan la justicia y la reparación.

¿Fue Lorca asesinado por rojo? ¿Por republicano? ¿Por homosexual? ¿Lo fue por ser víctima de rencillas entre miembros de su familia? Todo esto se ha dicho. Aunque a día de hoy el porqué pueda ser en cierto modo irrelevante. A día de hoy, lo que resta como verdad inequívoca es que Lorca sigue siendo una víctima de la represión franquista, cuyo espíritu libre no tenía cabida en la Nueva España surgida del golpe de estado del 36, y cuyos restos permanecen aún sin ser identificados. Aquí es, tal vez, donde yace la clave de la importancia de Lorca en tanto que figura paradigmática de la represión franquista.

Las investigaciones realizadas hasta el momento estiman que el número de desapariciones forzosas provocadas por la acción franquista, tras la guerra y durante la misma, oscila entre 114.000 y 140.000. Ello convierte a España en el segundo país del mundo en este ámbito, únicamente superado por Camboya y el genocidio de los Djemeres Rojos. El hecho de que España sea una democracia consolidada en la Europa del siglo XXI y no un país tercermundista sin garantías ni estado de derecho, hace que dicha situación deba plantearse sin tapujos como una auténtica aberración moral, además de jurídica.

El denominado pacto de la transición significó para muchos la institucionalización del olvido e implicó, de facto, la privatización de todas las memorias antifranquistas. La memoria republicana, germen de cualquier memoria democrática española, sería cosa de cada ciudadano y ciudadana. Nadie heredaba nada a nivel colectivo, y así, la democracia caía del cielo en la España postfranquista.

Aquellas personas que pretendieran investigar el paradero de sus familiares asesinados y tratar de exhumar sus restos para darles una sepultura digna deberían hacerlo por su cuenta. Ya a finales de los años setenta se dieron algunos casos, pero habrá que esperar hasta el año 2000 para que se lleve a cabo el primer proceso de exhumación de carácter científico. Sería el conocido caso de los 13 de Priaranza del Bierzo. Aquella exhumación significó un antes y un después en la historia reciente de España, pues daba partida al conocido como movimiento memorialista. Desde entonces y hasta el presente día, las diferentes asociaciones por la recuperación de la memoria histórica repartidas a lo largo y ancho del territorio español, trabajan a favor de la verdad, la justicia y la reparación.

Fruto de su empuje vio la luz a nivel estatal, en 2007, la conocida como Ley de Memoria Histórica. Dicha ley establecía por primera vez la necesidad de reparar a aquellas personas que sufrieron violencia política durante la guerra civil y la dictadura, aunque en la realidad no hacía más que prolongar la situación creada durante la transición. El estado español podría financiar y apoyar procesos de exhumación a petición de los interesados, pero nunca ejercería una política directa de promoción y ejecución de los mismos. Dicho de otro modo, las políticas públicas de memoria encaminadas a la exhumación de las víctimas no eran tal cosa. Se limitaban a la financiación de diferentes procesos privados, y con ello, se instauraba con más fuerza la privatización de la memoria.

Y a Lorca, ¿quién lo reclama? La posición de su familia es y ha sido siempre la misma, renunciando a ninguna investigación y considerando que allá donde esté su cadáver ya descansa en paz. Posición a todas luces legítima y respetable, evidentemente. Sin embargo, siendo la figura de Lorca algo que trasciende sobremanera el ámbito privado y familiar, dicha posición conlleva la renuncia efectiva a la reparación de la figura del poeta. Ha habido hasta la fecha tres intentos de exhumación de su cadáver, posibilitados gracias a la acción de los familiares de sus compañeros de fosa. La nieta de Dióscoro Galindo, así como el sindicato CNT en tanto que familia política de Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, han hecho posible con su demanda los tres intentos, fallidos hasta el momento, de hallar sus restos. Los dos primeros, en 2009 y 2014, con financiación de la Junta de Andalucía, erraron en la localización. En el último de ellos, realizado en 2016 gracias a la asociación “Regreso con Honor”, se cree haber dado con la fosa pero no con los cadáveres, que parece ser fueron exhumados en su día aún en estado esqueletal.

Como figura emblemática y paradigmática ante la cual tantísimas familias militantes del movimiento memorialista podrían sentirse identificadas, Lorca, el desaparecido, es mucho más que una persona individual; es símbolo de orgullo y de dignidad. En tanto que desaparecido, además, su figura va más allá de la de una simple víctima. Representa la escenificación del culmen de la obra represiva: la desaparición física que alimenta la desaparición de su memoria, y hacer desaparecer la memoria de alguien implica hacer desparecer también aquellas ideas de ella emanadas. Por suerte, aún sin sus restos, la memoria de Lorca y la de las miles de víctimas del franquismo están muy vivas, y es que ya lo auguró el poeta en su día cuando decía que “en España, los muertos están más vivos que en cualquier otro país del mundo”.

El caso de Lorca debería hacernos reflexionar sobre el papel del estado español con respecto a las víctimas del franquismo. Su permanente inacción, tantas veces denunciada desde los organismos humanitarios internacionales y las propias Naciones Unidas, supone un ataque directo, moral y efectivo, a la salud democrática del país. La privatización de la memoria como constructo social es una lacra derivada de la inactividad voluntaria por parte de los organismos oficiales que debieran hacerse cargo de las políticas públicas de memoria. La verdad, la justicia y la reparación nunca vendrán dadas por el trabajo familiar, aunque la dignidad de su postura ya englobe dichos conceptos. La auténtica restitución vendrá de los poderes públicos, herederos subsidiarios del crimen, o no vendrá. Cada exhumación ejecutada gracias a la acción privada es una derrota y una vergüenza para la democracia española, de igual manera que cada cadáver exhumado y dignificado por esa acción privada supone un triunfo de los valores democráticos y de los derechos humanos. Por ello, cada cadáver exhumado y dignificado representa a tantos y tantas a la vez. Por ello, tal vez y más que nunca, Lorca son todos.

Y porque fueron somos, Lorca somos tod@s.

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