La historia reciente en España, en concreto la del convulso siglo XX, viene marcada por la Guerra Civil de 1936 y la posterior dictadura franquista. Consideramos a la Guerra Civil española como el evento traumático que truncó la rutina de la memoria como recuerdo del pasado y, por tanto, como principal elemento histórico forjador de memoria colectiva.

La victoria total y sin concesiones del bando rebelde supuso la instauración de una dictadura totalitaria, de tipo fascistizante, que planteó un relato dominante claramente identificado con los valores que pretendía establecer el nuevo régimen y que girarían en torno a dos pilares fundamentales: el nacionalismo español y la religión católica. Durante toda la dictadura, las narrativas memoriales oficiales, es decir, el relato dominante, plasmaron una clara vocación de honrar a “los caídos por Dios y por España”. Para ello, no se escatimaron recursos en desplegar toda una estructura monumental y simbólica a lo largo y ancho del país, y lugares de memoria en forma de fechas, manifestaciones culturales y nomenclátor fueron implantados y asimilados por toda la sociedad. La memoria de los perdedores cabría catalogarla como algo incluso inferior a un relato subalterno, siendo el exilio el único espacio para su desarrollo. Los actores encargados de estructurar y ejecutar la narrativa oficial abarcaban todos los ámbitos de la oficialidad del nuevo régimen. El franquismo, sin poder ser considerado un sistema fascista per se, se sirvió de la potencia simbólica del fascismo español, hasta aquel momento un movimiento periférico. De esta manera, la instrumentalización del mismo por parte de la dictadura hizo posible semejante despliegue memorial. La memoria de los perdedores, la memoria republicana, la memoria democrática, la memoria progresista, tardaría décadas en poder reivindicar siquiera su existencia.

Con el final de la dictadura, España afrontó su proceso de transición a la democracia. Se abría un nuevo marco político, y por tanto, social y cultural, en el que nuevos actores pugnaban por la hegemonía de sus discursos. En este momento, la narrativa dominante pasaba de ser la de los “caídos por Dios y por España” a ser la de la equidistancia y el mea culpa colectivo de todo el país. La guerra no se sobrevino a causa de un golpe de estado contra un régimen democrático, el republicano, sino debido a la radicalización social y política de la época, de la que todos fueron partícipes. Los actores políticos de la transición, tanto los surgidos del régimen (AP y UCD) como de la oposición (PSOE y PCE), dieron legitimidad a este nuevo discurso. Especialmente polémico, sobretodo en la distancia cronológica, fue el papel de estos dos últimos partidos. Tanto socialistas como comunistas, en pos de una reconciliación nacional y del afianzamiento de una democracia tras décadas de falta de libertades, accedieron sin mucho reparo a renunciar a la memoria de los que lucharon por las libertades durante la república, la guerra y el franquismo. Ello supuso, evidentemente, numerosas escisiones y, como decíamos, desde la distancia es fácilmente criticable dicha posición. Sin embargo, la correlación de fuerzas existentes en la transición aconsejaba prudencia. Cierto es que la calle era de la oposición democrática, pero las estructuras del Estado a nivel administrativo, militar, policial y mediático seguían en manos del régimen.

Habrá que esperar más de dos décadas para volver a plantear un nuevo paradigma memorial en España, el de la reparación. La transición no permitió en su día lo que se inició con el cambio de siglo, recuperar y reivindicar la memoria de la república como la primera experiencia democrática real de la historia del país, y reparar moralmente a aquellos que murieron o sufrieron represión por defenderla. El denominado como proceso de recuperación de la memoria histórica tuvo sus actores principales en la sociedad civil, organizados en diversas asociaciones. Se los conoce como el movimiento memorialista. Este movimiento civil fue posible gracias al salto cronológico. La generación de la transición no planteó este proceso y tuvo que ser la siguiente generación quien, libre de amenaza de represión, así como de los traumas directos vividos en guerra y dictadura, lo hiciera posible. A raíz de este empuje civil, y aprovechando coyunturas políticas favorables, se aplicaron las primeras legislaciones en favor de la reparación. La ley 52/2007, conocida como la Ley de Memoria Histórica, aunque tímida, establecía el primer paso hacia el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo. El mismo año, el parlamento catalán aprobaba también la Llei 13/2007, del Memorial Democràtic.

Actualmente, la academia solvente plantea la legitimidad moral de esta memoria como la que debiera ser hegemónica en un país democrático. Sin embargo, este proceso tuvo su contrapunto en los actores que vuelven a reivindicar la memoria del franquismo. Un nuevo revisionismo sustentado en rememorar el papel mesiánico del franquismo plantea la actual batalla por la memoria en España, así como también lo hacen, aunque no de forma tan beligerante, algunos sectores cercanos al progresismo conservadurizado, idealistas de la transición.

Los caídos, la equidistancia y la reparación son las tres etapas hegemónicas de la memoria colectiva del país. España es a día de hoy un estado de derecho y una democracia consolidada. Ello no implica, sin embargo, que la memoria democrática sea un paradigma implantado a todos los niveles de la sociedad. El contexto sociopolítico actual, tras cuatro décadas de democracia, debiera afianzar sin paliativos el paradigma memorial de la reparación y reivindicación de los valores del progreso. La realidad, no obstante, muestra que son numerosos e influyentes los actores políticos, sociales, e incluso académicos, que reivindican las memorias otrora dominantes en la historia del país. Todo ello, obviamente, en detrimento de los valores democráticos.

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