Google images.

Coordinación PECCEM | Rebelión | 23/09/2017

La evidencia científica actual demuestra que los campos electromagnéticos de las telecomunicaciones son perjudiciales para los seres humanos y el medio ambiente.  Los límites actuales de su exposición responden a los intereses de la industria y no protegen adecuadamente la salud.

Colectivos vecinales, ecologistas, de consumidores, de defensa de salud, y de personas electrosensibles denuncian que la Unión Europea no haya tenido en cuenta los efectos en la salud de la población

Más de 180 científicos y médicos afirman que los efectos nocivos por la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM-RF) están suficientemente demostrados, que la evidencia científica actual confirma que son perjudiciales para los seres humanos y el medio ambiente y que los “obsoletos” límites de exposición están hechos a medida de la industria.

Los científicos firmantes consideran que la expansión de la 5G atenta contra el principio de precaución reconocido por la Unión Europea y que puede incumplir el código de ética médica de Núremberg. Asimismo resaltan que la Agencia Europea del Medio Ambiente lleva tiempo alertando sobre los riesgos de la radiación de los dispositivos inalámbricos de uso cotidiano.

Los posibles efectos del 5G

Mencionan efectos de los CEM-RF que “incluyen aumento del riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de los radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de los seres humanos”. No afecta solo a los humanos “ya que hay evidencia creciente de efectos nocivos tanto para los animales como para las plantas”.

Asimismo los firmantes instan a la Unión Europea a tomar medidas para detener la expansión de las redes 5G, aplicar las recomendaciones para tomar “todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias”, crear un grupo de trabajo de científicos independientes para evaluar los riesgos, con base en el conocimiento científico actual, y evitar que la influencia de los lobbies de la industria determine las decisiones de las instituciones europeas.