Raúl Rejón | El Diario | 09/11/2017

Por si no les bastara a los estados de la Unión Europea  con sus propias tensiones, los grandes productores agrícolas del mundo quieren que la UE apruebe ya la nueva licencia del herbicida glifosato. A la cabeza se ha puesto EEUU a quien siguen gigantes agrícolas como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Uruguay, Nueva Zelanda o Perú. El retraso arroja sombras sobre sus exportaciones de cultivos a Europa y todos se han quejado en la Organización Mundial del Comercio (WTO).

EEUU fue quien levantó la voz en la última sesión del Comité de Medidas Sanitarias de la organización celebrado el 2 y 3 de noviembre. No se anduvo con rodeos y aseguró que “las medidas para restringir el uso del glifosato parecen carecer de justificación científica”, según explica la WTO.

Apuntaba, sin nombrarlos, a países como Francia, Italia, Bélgica, Croacia, Luxemburgo o Malta que han votado no a la ultima propuesta de la Comisión Europea para renovar licencia del glifosato cinco años durante el comité celebrado este martes. De hecho, el ministro francés de Transición Ecológica, Nicolás Hulot, ha asegurado que el límite permisible para su Gobierno son tres años.

Los representantes de EEUU en la organización comercial quisieron “recordar” que los estándares internacionales sobre riesgos están trazados por el comité conjunto de la FAO y la OMS sobre residuos y pesticidas y que “concluyó que el glifosato no supone un riesgo para los consumidores o la salud pública cuando se usa apropiadamente”.

Este argumento se refiere a la  evaluación emitida por ese comité en enero de 2016 que decía concretamente que el herbicida no era “probable que presente riesgo de ser cancerígeno para los humanos mediante la dieta”.  Su toxicidad fue puesta de relevancia por un informe de otro organismo de la ONU, el de investigación sobre el cáncer (IARC), que sí lo calificó como “probable cancerígeno”. Luego, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y la de Compuestos Químicos han asegurado que es seguro.

¿Por qué continúan las dudas? Básicamente porque una investigación judicial en EEUU destapó cómo el inventor del glifosato, la empresa Monsanto, desarrollaba estudios científicos que luego eran utilizados para evaluar su producto y, además, cómo contaba con la colaboración secreta de miembros de algunas agencias independientes, por ejemplo, la Agencia Americana de Protección de Medio Ambiente.

Exportaciones en duda

El retraso y un posible fin del permiso para el glifosato amenazan las exportaciones que EEUU y otros estados grandes productores de productos agrícolas envían a la Unión Europea. Este mercado representa ventas de miles de millones de euros cada año.

Argentina, por ejemplo, vendió a Europa cereales, semillas, frutas y hortalizas por valor de 31.000 millones de euros en 2016, según Datacomex, el servicio estadístico de la Unión Europea. EEUU exportó 8.200 millones de euros de esos productos el año pasado. Brasil estuvo en los 4.000 millones, Canadá en los 1.763 y Australia exportó a los países de la UE 773 millones a base de estos productos, muchos de ellos susceptibles de haber sido tratados con herbicidas de los que el glifosato es el líder del mercado.

Por ejemplo, España compró a EEUU soja por valor de 371 millones de euros en 2015. También maíz por valor de 11 millones, trigo por otros 10 y otras oleaginosas (como el girasol) por más de 30 millones, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.  La soja, el maíz o el girasol son cultivos asociados directamente al glifosato ya que se utilizan variedades modificadas genéticamente para resistir a este herbicida de manera que puede aplicarse a gran escala para eliminar hierbas indeseadas en esos campos.

Si la Unión Europea no renueva la autorización del glifosato, ese mercado puede tener dificultades para seguir operando, opinan los estados que protestaron en la WMO. El producto, además, es barato porque su patente expiró en 2000. De esa manera, no solo Monsanto lo produce. Está comercializado por 90 empresas en unas 750 formulaciones.

Precisamente su bajo coste es uno de los motivos por los que algunas asociaciones de agricultores han pedido a la Unión Europea que lo reautorice. La Unión de Pequeños Agricultores ha especificado que se trata de un producto “muy eficaz y económico que, hoy en día, no tiene alternativa en el mercado”.

El secretario de relaciones internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha defendido que “no hay razones científicas, sino intereses ideológicos y políticos, para querer quitar a los agricultores una herramienta que es eficaz y accesible, siendo esencial para la agricultura europea”.

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