Antonio M. Vélez | El Diario | 30/11/2017

El Grupo Orenes, una de las grandes empresas del sector del juego en España y a la que está vinculado el flamante  nuevo presidente de la Oficina Anticorrupción del Partido Popular, el exdiputado murciano Andrés Ayala, logró en 2016 un año récord con un “crecimiento exponencial” de todas sus magnitudes, según explica el operador de bingos, casinos y apuestas en el informe de gestión de sus últimas cuentas anuales.

La empresa murciana señala que “2016 finaliza con los mejores resultados de la historia de Grupo Orenes”: “En general, todas nuestras unidades de negocio han cumplido con las expectativas marcadas, y en especial salas de juego y Apuestas Deportivas, cuya aportación al devenir del grupo está resultando decisiva para el crecimiento exponencial del mismo”.

Las cuentas de Orenes reflejan un crecimiento del beneficio neto del 77%, hasta 19,9 millones, lo que multiplica por cuatro la cifra de 2014, cuando fue de 5,18 millones. El importe neto de la cifra de negocios aumentó un 73,8%, hasta cerca de 330 millones, y el resultado de explotación creció un 64%, hasta 26,76 millones.

“Para alinear la estrategia de crecimiento con la política financiera óptima, Grupo Orenes firmó un préstamo sindicado durante el ejercicio 2016 con 6 entidades de primer orden nacional, lideradas por BBVA, el cual supone el primer tramo de financiación del plan trianual”, indica en sus cuentas la empresa.

Controlada al 50% por las familias Franco y Orenes y con activos de 300 millones y 1.400 empleados, Orenes es una de las mayores empresas de un sector en el que otro nombre destacado es Codere,  también vinculada al PP a través del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá (que fue alto directivo hasta finales de 2011) y al exministro Pío Cabanillas, miembro de su consejo.

Ayala, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas (desde marzo de 2000 hasta mayo de 2016), lleva años vinculado a Orenes a través de varias filiales de las que es accionista minoritario y de las que ha sido nombrado consejero recientemente en sustitución de su esposa, Carmen Alcaraz, que ocupaba esos cargos mientras él se sentaba en su escaño en el Congreso.

En febrero de 2016, cuando Ayala todavía era portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso, la empresa estatal de aeropuertos Aena, hoy presidida por otro influyente político murciano del PP, Jaime García-legaz,  adjudicó la concesión hasta 2025 de dos salas de juego a Orenes, como informó eldiario.es en mayo pasado.

Ese mes, Ayala fue nombrado miembro de la Oficina del Cargo Popular, concebida “para controlar la idoneidad de los cargos públicos” y presidida en sus inicios por Manuel Cobo (ex mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón), que la abandonó dos meses después por “motivos personales”.

Desde septiembre, Ayala preside este órgano, que tiene entre sus funciones la de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del PP.

Buena parte de la actividad actual de Ayala la canaliza a través de su bufete en Cartagena (Murcia), Ayala Abogados, que ofrece, según su web, asesoramiento en derecho mercantil, urbanismo, “relaciones con las Administraciones Públicas” o derecho marítimo gracias a su “pleno conocimiento y participación en el desarrollo de la Legislación Marítima”.

En los últimos meses, Ayala ha sido noticia en Murcia por sus gestiones como asesor legal de dos empresarios, Aurelio Solana y Fernando Díez Ripolés, que quieren promover un hotel en el Faro del Cabo de Palos (Cartagena). El proyecto empezó a cobrar vuelo tras la aprobación, el pasado 18 de abril, de una Proposición No de Ley (PNL) del PP en el Congreso para cambiar el uso del faro que fue impulsada por el popular Teodoro García, diputado por Murcia.

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