En conjunto, el mecanismo electoral español produce una serie de distorsiones que favorecen a los partidos locales mayoritarios, nacionalistas incluidos, y a los grandes partidos de ámbito general, y perjudica a los partidos no locales que tienen pocos votantes y muy repartidos entre las demarcaciones. Este es un hecho ampliamente analizado, estudiado y comentado. Sin embargo, si analizamos dicho sistema electoral desde el punto de vista de la interpretación del territorio y consideramos los avances legislativos y de facto de nuestro Estado de las Autonomías, veremos que el sistema electoral español resulta cuando menos incongruente, si no redundante.

Un de los factores determinantes de los resultados electorales, el que nos interesa a efectos del asunto que tratamos, es el sistema de circunscripciones. Según las leyes electorales españolas, desde que se sentaron sus bases en 1977 y se desarrollaron sin grandes cambios en 1978, en 1985 y en 2011, se establecen 52 circunscripciones que corresponden a las 52 provincias en las que está dividido el territorio del Estado. Esta división de circunscripciones suele justificarse, entre otras razones, por favorecer la representación de las provincias en el Parlamento, o a la inversa, por acercar la representación política a cada rincón del país. A esto podría objetarse que los representantes no tienen que rendir cuentas a la provincia o región, sino al conjunto del país, es decir, no van a hablar de Soria o de Melilla o de Madrid o de Barcelona cuando se sientan en las Cortes Generales.

Para una justificación ideológica, es difícil saber qué pasaba por la cabeza de quienes desarrollaron la ley en 1977, todavía en etapa preconstitucional. Los catedráticos de Ciencias Políticas Ignacio Lago (Universidad Pompeu Fabra) y José Ramón Montero (Universidad Autónoma de Madrid), aseguran en su estudio ‘Todavía no sé quiénes, pero ganaremos’: manipulación política del sistema electoral español, que “…los reformistas del franquismo, que estaban llevando a cabo el proceso de transición, tampoco querían facilitar que los partidos de izquierda llegasen al poder”. Ellos mismos citan en su estudio a Óscar Alzaga, diputado de la UCD (Unión de Centro Democrático) primero y después del PDP (Partido Democrático Popular), y miembro del grupo de expertos que elaboró la primera aproximación a la ley electoral que se materializó en la Constitución Española en 1978. Tras calificar de “original” y “maquiavélico” el sistema español, afirma: “…el encargo político consistía en formular una ley a través de la cual el Gobierno [que se integraría en la UCD] pudiese obtener mayoría absoluta. Puesto que los sondeos preelectorales concedían a la futura Unión de Centro Democrático un 36 % – 37 % de los votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiese conseguirse con alrededor del 36 % – 37 %. Y con un mecanismo que en parte favorecía a las zonas rurales (…) frente a las zonas industriales”. Si realmente fue así, funcionó entonces y todavía funciona hoy. Por lo demás, aquella demarcación por provincias, que se decidió en 1976, parece concesión de un centralismo un tanto rancio, protagonizado por esos mismos reformistas del franquismo, afecto a la inveterada forma de organización territorial de 1833, en un momento en que la autonomía de las regiones históricas apenas era un sueño para muchos y muchas.

Con la aprobación de la Carta Magna en 1978, sobre el fundamento de esa vieja organización territorial por provincias, se fue fraguando poco a poco, con la elevación a Ley de los diferentes Estatutos de Autonomía, una organización superior, superpuesta, hasta alcanzar el Estado de las Autonomías que tenemos hoy. La antigua interpretación del territorio perdió protagonismo. La representación se facilitó en sentido contrario, es decir, se centrifugó a lo largo de todos estos años de democracia. Las Autonomías tienen hoy su propio Parlamento, sus propias competencias, su propia financiación (mejor o peor según casos), tienen incluso sus propias leyes electorales. Aunque a este respecto lo cierto es que, a la hora de trasladar a sus territorios el marco de la legislación general vigente, no han aplicado toda la creatividad que les concede la Carta Magna y las leyes posteriores. En Catalunya ni siquiera tienen una ley electoral propia, sino que aplican los mismos mecanismos de las generales para sus elecciones autonómicas.

La cuestión es que aquel sistema electoral general nunca siguió ese mismo camino de reformas, sino que permaneció igual desde 1978, basado en la interpretación del territorio por provincias. A la vista de este hecho, dicho sistema electoral parece incongruente, además de redundante, al menos en medida directamente proporcional al desarrollo del Estado de las Autonomías, y siempre y cuando pretenda realmente integrar a la organización territorial en las Cortes Generales.

En esta pugna entre una forma de organización y otra, entre una interpretación del territorio y otra, desde el punto de vista de la razón integradora, quizá la de las provincias sea una organización un tanto obsoleta para tener el protagonismo que le dan las leyes electorales. Por cierto, la del Senado pretende llevar la representación territorial más lejos todavía, y por tanto redunda en nutrirse de senadores y senadoras enraizadas en las provincias y también elegidas por la Asamblea Legislativa de cada Autonomía.

Quizá, en vez de intentar acercar las provincias a la Asamblea Legislativa, habría que acercar la Asamblea Legislativa a las Autonomías. Habría que asegurarse de que los interesados y las interesadas tuvieran una representación de calidad en sus Gobiernos locales. En otras palabras, habría que asegurarse de que tuvieran más autonomía. Un ejemplo: evitar en lo posible recurrir en el Tribunal Constitucional las Leyes que aprueba el poder ejecutivo de las Autonomías.

En todo caso, el sistema electoral español es manifiestamente mejorable. ¿Cómo? En las elecciones europeas, Europa, como entidad superior formada por naciones, establece inicialmente a cada una de ellas como una única circunscripción y, dentro de esta, deja libertad a sus gestores para establecer las demarcaciones que consideren oportunas. Y el reparto de los escaños del Parlamento de Bruselas se hace de forma estrictamente proporcional entre cada una de las naciones. España, que en las últimas elecciones europeas colocó 54 diputados, se decidió en 1985 por la circunscripción única. Y, por cierto, sin umbrales electorales, ni 3% ni ninguno. Ese podría ser un paradigma, ya que al parecer siempre necesitamos de ellos.

En el caso del territorio de España, un sistema electoral más justo y equilibrado, asignaría una circunscripción a cada Comunidad Autónoma. De estas, las más pequeñas tendrían que elegir asimilarse con alguna de las vecinas (a efectos electorales), para mejorar la representación de sus integrantes, y evitar que quedaran sin asignación de diputados. Porque la asignación se realizaría de forma proporcional a la población de cada una de las comunidades. La fórmula D’Hondt (u otra similar) podría aplicarse para repartir mayor número de escaños, por lo que resultaría más proporcional. Así se minimizarían las desviaciones por su aplicación a circunscripciones demasiado pequeñas. En cambio, respecto al umbral del 3% (en la Comunitat Valenciana, que es del 5%, se negocia su reducción), bastaría en todo caso con aplicarlo únicamente al total general de los votos emitidos, y no por demarcaciones, lo que es sabido que produce también distorsiones del resultado. Con todo, se reflejaría mejor la moderna vertebración del Estado en las Cortes Generales.

Dicho todo lo cual, y dados los fríos vientos políticos que soplan en estos momentos, según las últimas encuestas más o menos cocinadas, resulta lamentable constatar que no hay mucho espacio para la esperanza. Los dos partidos que se disputan la derecha, a cual más inmovilista y más centralista, y ese otro partido que va de un lado a otro y da bandazos, es decir, que está en todas partes menos en la izquierda, no parece que vayan a facilitar nunca la reforma de la Constitución necesaria para elaborar una nueva ley que, como hemos visto, nos acerque a un sistema electoral más justo.

El estudio ‘Todavía no sé quiénes, pero ganaremos’: manipulación política del sistema electoral español, 45/2005 de la Universidad Autónoma de Madrid, de Ignacio Lago y José Ramón Montero, disponible aquí: Enlace

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