Jueces y fiscales piden la dimisión de Catalá por sus declaraciones sobre el juez del voto particular de ‘la manada’

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Marcos Pinheiro | El Diario | 30/04/2018

Las asociaciones de jueces y fiscales reclaman la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Es su respuesta a las declaraciones en las que ha asegurado que el juez que firma el voto particular de la sentencia de ‘la manada’, Ricardo González, tiene “algún problema” por el que debería haber sido apartado por el Consejo General del Poder Judicial.

En un comunicado conjunto, las siete asociaciones de jueces y fiscales aseguran que esas palabras siembran “públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado”. “La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (CGP) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia”, añaden.

“Hoy es por el juicio de ‘la manada’ pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno”, añade el comunicado. Para los jueces y fiscales, este es “el verdadero peligro”, la “utilización” por parte del Ejecutivo de las resoluciones judiciales y “la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones”.

Por ello, las asociaciones piden al ministro que dimita, como ya han hecho en otras ocasiones, y recuerdan que ya fue reprobado “por otro de los Poderes del Estado, como es el legislativo”. El comunicado está firmado por las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente –y las tres de fiscales–Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales-.

Catalá ha asegurado este lunes que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en los profesionales de la justicia en la comunidad autónoma en general, “todos saben” que el juez que dictó un voto particular en el caso de ‘la manada’ tiene “algún problema singular”. Una circunstancia que, según Catalá, tendría que haber llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a actuar “preventivamente”.

“Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado”, ha señalado el titular de Justicia en una entrevista en la cadena COPE.

La respuesta por parte del CGPJ ha venido por boca de uno de sus miembros, el vocal Juan Manuel Fernández, que ha asegurado que no había motivos para inhabilitar al juez: “No concurría ninguna circunstancia o causa que motivara su no integración en la sala que enjuició estos hechos”.

Fernández se ha negado a dar detalles por tratarse de “materia reservada, por afectar a aspectos muy íntimos de la persona”, pero ha insistido en que no había motivos para apartar al juez y que en el “servicio disciplinario” del CGPJ no consta ninguna actuación contra el magistrado.

6 Comentarios

  1. Pues si precisamente estos jueces y fiscales no tienen razón en absoluto es en este caso. Es tan clamoroso el desvarío de razonar en 200 folios una decisión, habida cuenta que la razón nunca es prolija, que quienes ahora piden su dimisión habiendo debido pedirla por muchas otras cosas que favorecían a los miembros y a los gobernantes de su partido, que esta reacción de esos jueces y fiscales resulta ofensiva para la ciudadanía. Pues ni el peor enemigo del ministro puede decir que, aunque sea oportunista, calificar indirectamente de enfermo mental a ese juez es lo menos que le cuadra…

  2. Mi opinión es que la separación de poderes debería ser sagrada.

    Lo que hace falta es descentralizar la formación y nombramiento de jueces; para que respondan a diferentes sensibilidades.

  3. El juicio popular por el caso de la manada ha sido clamoroso. Lo bueno de estos juicios populares es que la próxima manada se lo pensará dos veces antes de meterse con una mujer.

  4. A ver, un poquito de orden entre tanto ruido por la polémica Sentencia, porque los españolitos somos a veces muy proclives a ‘pensar’ con las entrañas y no con la cabeza.

    Es evidente que hay que endurecer las penas para los violadores ¡todos! tratándose de un peligro para la sociedad y de ninguna manera comparto la absolución de los procesados, como pedía el juez del voto particular, por exceder sus interrogatorios y deducciones ‘personales’ las competencias conferidas jurídicamente, pero afortunadamente se impuso la sensatez.

    Yo he leído, íntegra y detenidamente esta mañana la Sentencia…mejor dicho, no sólo limitándome a leerla (lo que el 80% de las personas que protestan ni ha hecho), sino “sintiendo” cada apartado para poderla analizar mejor. Y llego a la conclusión de que está BIEN RAZONADA si tenemos en cuenta que se han mezclado (he aquí la complejidad) los hechos probatorios incluyendo las contradicciones de ‘la denunciante’, como, por citar dos ejemplos: el cambio de versión entre la agresión violenta que declaró en su denuncia en sede policial y la que describió en el juicio negando el uso de violencia, pero también el hecho de que en la Plaza del Castillo, los procesados acordaron con ‘la denunciante’ mantener relaciones sexuales en grupo con su pleno consentimiento, como manifiestan las defensas de los procesados, sin descartar, asimismo, si ella creía realmente que iban a fumar un porro sin prever lo que le sucedería después.

    No obstante, ya que la discrepancia se concreta en la voluntariedad o no de las relaciones sexuales que, según las acusaciones, los procesados se valieron de violencia e intimidación:

    En ambos casos, tanto si fue con voluntariedad, previo acuerdo de la denunciante, como si no lo hubo, el escenario de agobio, prevalimiento e intimidación durante los hechos, en un habitáculo ante cinco energúmenos de fuerte complexión no varía, y en este caso optó por la pasividad para evitar la violencia ‘física’, violencia que puede ocurrir con y sin acuerdo previo (hay más ejemplos en la Sentencia, que se me haría imposible enumerar aquí).

    Y ¿qué obtenemos?: Pues que, el Tribunal, al haber aceptado parte de las versiones formuladas por las acusaciones y defensas, el Fallo concluye con el polémico resultado de NO VIOLACIÓN (entendiéndose sin agresión física) pero sí abuso sexual, según el Código Penal. Por ello, insisto, está “bien razonada”.

    MI CONCLUSIÓN:

    1°.- La Sentencia no ha tenido en cuenta el hecho que, ‘en general’ representa para las mujeres la vejación a la que se ven sometidas por los actos de estos psicópatas y en el caso que nos ocupa ‘en particular’ el hecho de grabarlos para subirlos a internet sin autorización de ‘la denunciante’.

    2°.- Aun sin haber mediado violencia ‘física’, constatando por mi parte los mensajes tan despreciables de los que se jactaban por whatsapp, y antecedentes penales de algunos de los procesados, es claro su perfil de VIOLADORES y merecen que, como tales, se les considere jurídicamente en el caso que nos ocupa.
    Considerando que: Los hechos producidos son de VIOLACIÓN, PERO SIN AGRESIÓN, aunque sí intimidación (esta es la complejidad que, en mi opinión, debería conjugarse reformando el Código Penal y adecuando las penas, descartando en el caso que nos ocupa el abuso sexual.

    3º.- Viene a colación la oposición de los jueces a reformar la Sentencia ante la presión de la opinión pública. Pero es que, cuando una Ley data de 1995 -es el caso- como tantas otras, en las que se elaboraron acorde con la mentalidad y circunstancias existentes de la sociedad que así lo requerían, pero no se corresponden con la evolución generacional y en todos los órdenes acontecida en la misma, procede reformarlas adecuándolas. Y ello, teniendo en cuenta que los legisladores (Parlamento) las elaboran y el Poder Judicial las aplica. Pero, hartos estamos de constatar que las leyes sólo benefician a los violadores y delincuentes corruptos de guante blanco (aunque me estoy yendo a otro capítulo).

    Y para finalizar, respondiendo al titular, es improcedente que ‘públicamente’ se pronuncie el Ministro de Justicia veladamente sobre un problema de un juez, en vez de hacerlo en privado y adoptar, si procede, las medidas pertinentes, pero, en mi opinión, ante la incontinencia verbal que más de una vez ha demostrado ante los ciudadanos este Ministro al opinar sobre temas (antes que las Resoluciones) que competen a los jueces y fiscales, no es de extrañar que se pida su dimisión.

  5. Quien ha sembrado ‘dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado’ es el propio sujeto con su rocambolesco voto particular. Va de la mano del juez Llarena, con sus delirios de ‘violencia’ y ‘corrupción’ y su ensañamiento con los líderes políticos y sociales que mantiene en prisión preventiva.
    Mis experiencias judiciales me han dejado serias dudas sobre la salud mental de algunos jueces. Tal vez se deba a haber sacrificado la juventud memorizando tochos mientras sus colegas iban de fiesta. En cualquier caso, si para conducir o tener una escopeta de caza hay que pasar regularmente tests psicológicos, parece razonable que a juezas y jueces, que deciden sobre vidas y haciendas, se les exigiera lo mismo.
    Ojalá algún día haya en España JUSTICIA de verdad.

  6. A exámenes psicológicos deberían someter con regularidad a guardias civiles y policías e, incluso, crear un Cuerpo especializado para investigar ‘secretamente’ sus implicaciones (las de algunos, no todos) en turbios negocios. Más de uno se llevaría una sorpresa, motivo para expulsarles del Cuerpo al que representan.

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