Partamos de una premisa: no es ético especular con bienes de primera necesidad. Pero si se está haciendo es porque el Estado no está cumpliendo con su función, ni legislando para impedirlo, ni invirtiendo para prevenirlo.

Ahora resulta que nos encontramos, ¡oh, sorpresa!, con un escenario que hasta el menos espabilado hubiera podido prever. ¿Si la vivienda sigue siendo una necesidad y no un capricho, y los bancos no conceden créditos hipotecarios o solo los conceden a ciertos perfiles económicos estables en un mercado laboral en plena precarización… qué se supone que iba a pasar con un mercado de bienes de primera necesidad en el que la demanda es mayor que la oferta?

Pero dejemos la ironía y las inocencias fingidas para otra ocasión. Aquí hay quien se ha hecho de oro con la complicidad de la política y los políticos. Y es que cuando los fondos buitre (bancos y fondos de inversión) se volcaron en la compra de vivienda era evidente para qué y por qué lo hacían: hoy en día consiguen unas rentabilidades mucho mayores del alquiler de vivienda que de los intereses de los créditos. Y cuando esto se acabe lo harán de los créditos y así podemos seguir en el bucle hasta el fin de los días. La banca gana.

Pero ya que estamos en esto de dejar cosas, dejemos también los reproches inútiles porque siempre llegamos tardísimo a todo. Ahora el caso sería que no nos la vuelvan a colar con una legislación sobre el alquiler que no puede ser más sencilla si lo que de verdad queremos es acabar con este indecente negocio.

Alguien que quiera decidirse (o no tenga otra opción) por un alquiler en lugar de por una compra debe tener garantizado, además de un precio muy inferior al equivalente de una mensualidad de hipoteca por no tratarse de una inversión, que mientras cumpla con la obligación de estar al corriente del pago de las mensualidades acordadas no será arbitrariamente desahuciado por ninguna causa, ni contractual, ni coyuntural ni de otro tipo. Y esto es fácilmente controlable si para empezar se establece un máximo a la revisión al alza del precio (por ejemplo enlazándolo al IPC), y se regula, más allá de los años de duración del contrato, la prioridad del inquilino en la renovación. Por supuesto el arrendador debe tener derecho a dejar de alquilar su inmueble, pero asumiendo, para evitar la picaresca, la imposibilidad de arrendarlo por un periodo de tiempo suficientemente coercitivo.

Simplemente con esto ya se evitaría parte del problema. Pero queda el de los precios, que van a seguir siendo prohibitivos –incluso estando actualmente en algunos casos por encima de los de la letra de una hipoteca por la misma vivienda– si el Estado no invierte en vivienda social. Aquí el Estado, porque la vivienda es un derecho, sí tiene la obligación, más que de competir, de sabotear el mercado. Y que el que quiera una vivienda de lujo y se la pueda permitir que se la compre, pero que no sea un lujo permitirse una vivienda digna. Y si una primera vivienda de compra parte de un precio y unas condiciones que cualquiera pueda asumir, el alquiler dejará inmediatamente de resultar un negocio.

Sabemos en cualquier caso (el que crea en estas cosas) que los milagros a Lourdes, pero ya que a nivel político se han puesto a debatir el asunto, que por dar algunas ideas no quede. Porque una cosa es que nos tomen por gilipollas y otra que les demos la razón directamente.

1 Comentario

  1. Lo que dices Pepito como solución al encarecimiento desproporcionado del alquiler de la vivienda, me parece obvio, y esto, el que mas el que menos, ya lo ha había pensado como una solución, pero si el estado invierte en vivienda social, y una nueva, o la misma, Ana Botella en concomitancia con su vástago se la vende a los fondos buitres, es mas de lo mismo. Lo primero seria crear una ley que impidiera que estas cosas puedan volver a suceder.

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