Elisa Beni | El Diario | 22/08/2018

Es indudable que la pretensión del magistrado Llarena de que el Gobierno español se haga cargo, con fondos públicos, de su representación legal en Bélgica ante la demanda civil presentada por el expresident de la Generalitat y cuatro de sus exconsellers, pone sobre la mesa del nuevo Ejecutivo español un marrón sobrevenido y de compleja solución.

El amparo irregular concedido por el CGPJ al magistrado ha sido redirigido al Ejecutivo en una exigencia de apoyo a la totalidad de la jurisdicción española, argumentado que es toda ella la amenazada por unos jueces belgas que, ellos también, aplican su principio de legalidad.

No le queda al Ministerio de Justicia más que estudiar bien lo que la Comisión Permanente dirigida por Lesmes le exige y analizarlo a la luz de la legalidad vigente, como si existiera el riesgo de tomar una decisión injusta y como si fuera posible hacerlo a sabiendas, como si existiera riesgo de mal uso del erario público. El amparo otorgado por la Comisión Permanente a Llarena es extemporáneo y debería haber sido rechazado a limine, es decir, sin ni siquiera estudiarla.

La vocal Concepción Sáez en su voto particular deja meridianamente claro que Llarena en su petición formal de amparo del 30 de julio manifestó haber conocido de la demanda belga por la prensa. Tal publicación, explica la vocal, “tuvo lugar el día 5 como indica el propio magistrado solicitante y resulta público y notorio por las informaciones en numerosos medios de comunicación que la noticia de la interposición de la demanda ante la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas se dio el 5 de junio de 2018 y que la petición de transmisión de documentación de este órgano judicial al Juzgado Decano de Madrid se recibió el 18 de junio de 2018. Con los mismos instrumentos de conocimiento también sabemos que la instrucción de la causa especial  por el magistrado Sr. Llarena finalizó el 10 de julio de 2018”.

Pues bien, habida cuenta de que el Reglamento 2/2011 de 28 de abril, que regula la interposición del Recurso de Amparo por los jueces, fija un plazo de diez días desde el conocimiento por el juez del hecho que le perturba, queda meridianamente claro que pasaron 55 días en realidad desde ese momento hasta la petición de amparo de Llarena. Ese único dato, conocido por Lesmes y su Permanente, basta para cuestionar la justicia y legitimidad de la decisión acordada. Este dato debe pesar en el análisis del Ministerio de Justicia.

Lo cierto es que de este relato fáctico se deduce también que Llarena no ha dicho toda la verdad al CGPJ. No lo ha hecho porque, todo un magistrado del Tribunal Supremo, afirma ante su órgano de Gobierno que sólo ha tenido conocimiento de la demanda belga por la prensa pero tal extremo es inveraz. Ese mismo día 5 de junio, los abogados de los ex consellers en España presentaron un escrito de recusación de Llarena en el Tribunal Supremo alegando que el magistrado traía pleito con estas personas -causa de recusación tasada en la ley- y en ese escrito de recusación se adjuntó la demanda belga en francés y castellano. Tan es así que personal del propio tribunal se puso en contacto con el bufete de abogados que presentaba la recusación para indicar que al texto de la demanda belga le faltaban dos folios para que tal error fuera subsanado. Llarena desestimó en auto tal recusación y después olvidó informar de todo esto al CGPJ que debía tomar una decisión al respecto. Llarena tuvo en su poder la demanda civil casi dos meses antes de pedir amparo y no lo hizo en plazo.

¿A quién desnuda Llarena con esta extemporánea petición, aparte de a él mismo, para conseguir que su representación legal la pague el Estado? De momento al CGPJ encabezado por Lesmes y a su Comisión Permanente, excepto a la vocal Sáez que suscribe un voto particular y al vocal Lucas que ha manifestado su adhesión a esa postura. Los demás saben que el periodo preclusivo estaba super superado y, aún así, firmaron ese amparo. No es difícil suponer -y los periodistas suponemos por sistemas propios e inherentes a nuestro oficio- que hay juristas estudiando la comisión de una posible prevaricación por parte de estos integrantes de la Comisión Permanente del CGPJ.

No es el único motivo por el que esta cuestión puede dejar en pelotas a muchos. En su petición de amparo decía Llarena que estaba en peligro la indemnidad de la jurisdicción española y esto es lo que ha hecho que muchos jueces y que el propio Ministerio permanezcan a la expectativa de si tal cuestión es cierta, es decir, de si la demanda belga pone en jaque la independencia de la Justicia española más allá de demandar por manifestaciones privadas a un juez concreto. El CGPJ decidió poner el amparo concedido en conocimiento del Ministro de Asuntos Exteriores y “a través de la Abogada General, del Ministerio de Justicia” para que “adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

Si esto no fuera cierto, si no fuera una cuestión que afectara a la jurisdicción española sino un asunto particular de un magistrado, quedarían desnudos todos aquellos que apoyaran darle cobertura pública. Lo cierto es que el órgano de gobierno del Poder Judicial español ha acordado oficialmente “excitar” al Gobierno español para que exija al Gobierno belga que se dirija a sus jueces para exigirles que respeten la independencia de un juez español. Un contrasentido que les deja desnudos y sin mano que cubrirse dado que presupone que otro gobierno podría dirigirse a sus jueces ¿acaso porque están demasiado acostumbrados a que en esos términos los gobiernos españoles se dirijan a ellos?

Finalmente, todo este embrollo a quien desnuda es al Tribunal Supremo y a las profundas heridas a las que los políticos y gobernantes han sometido al órgano máximo de la Justicia española. Un tribunal que ha sido deteriorado en su calidad y convertido en un órgano politizado que en estos momentos navega de forma autónoma controlando a todos -Ejecutivo, Legislativo, Constitucional- y sin tener el control efectivo de nadie.

¿Alguien en sus cabales cree que la Sala II está dispuesta a examinar en serio una querella por las anomalías cometidas en la instrucción por Llarena?, ¿alguien podría afirmar que una querella contra Lesmes y compañía por prevaricación en ese otorgamiento de amparo podría siquiera ser examinada con imparcialidad por ese tribunal?, ¿alguien cree que podría conseguirse que la Sala reconociera que Llarena no podía jugar a poner y quitar OED’s o dejar sin perseguir a los procesados?

Este problema y no otro está en el origen del recurso a la Justicia de otros países de la Unión. Ese es el gran desnudo que ha conseguido este asunto. ¿Quién controla a los que controlan si deciden en conjunto hacer de su capa un sayo?, ¿quién le pone el cascabel al gato?

Es harto probable que los catalanes no logren independizarse, pero lo que si han logrado hasta el momento es dejar en pelotas al sistema. Algo que no fue posible durante la lucha contra el independentismo vasco, aunque sucedió también con creces, porque en aquel entonces había muchos muertos sobre la mesa y nadie hubiera alzado la voz. Ahora la realidad está sobre el tapete. A ver a cuántos más deja al descubierto.

5 Comentarios

    • Totalmente de acuerdo. Es lo que pasa cuando la testosterona se apodera del cerebro. Un gobierno central inteligente hubiera ignorado el referéndum catalán, simplemente en base a la ilegalidad del mismo según sus reiteradas afirmaciones. Es más, vistos los reiterados resultados electorales en Catalunya, probablemente ese referéndum hubiese reflejado un ‘empate’ entre independentistas y unionistas con lo que, aún no siendo ese resultado ni legal ni vinculante, le hubiese venido muy bien al gobierno central para dejar la cuestión aparcada sine die. Pero no, había que demostrar quien tiene más cojones, mandar a los piolines a machacar a la población y traspasar el tema a la judicatura que, como viene demostrando, es capaz de complicar la situación hasta extremos de sainete, todo ello aderezado con el mensaje incendiario del borbón de turno. Mientras tanto, los políticos catalanes en la cárcel y los cafres del caso Blanquera en la calle ‘porque tienen hijos menores de edad’. ¿Acaso no los tienen los presos catalanes? Añadir finalmente que todo este lío viene del desballestamiento por parte del TC, a instancias del PP, del Estatut catalán. Está claro que en España faltan cerebros y sobran bomberos incendiarios.

      • Excelente comentario a un excelente artículo

        ¡¡¡Cuánto bien harían estos descerebrados con exceso de poder, si en vez de emplear la testosterona en aplastar a los disidentes, por el mero hecho de pensar diferente, la utilizaran para fines más gratificantes para ellos y menos dolorosos para los demás!!!

        ¿Será que abusan de la “erótica del poder” en detrimento de la otra SALUDABLE E INOFENSIVA ERÓTICA porque ésta no les interesa?

        La Historia nos muestra ejemplos de algún que otro histórico personaje impotente y muy limitado sexualmente que se convirtió en criminal y asesino en serie

  1. Tras un agosto íntegro desconectada voluntariamente al 100% de los medios…redes… por higiene mental, me consta que ya hemos regresado esta mañana la mayoría ciudadana que damos vidilla a la política mediante nuestras charlas tertulianas laborales…comentarios…vis a vis…(aunque otros lo harán luego). Y, aunque en mi caso, con ‘vaguitis’ mental, al desplazarme desde la otra casa a la mía para dejar las maletas, aprovecho para ponerme al día de las noticias en este digital, opinar, e ir ejercitando las neuronas paulatinamente, que falta me hace. Y, de entrada, me deja patidifusa el titular de este artículo, capaz de crispar a todo quisque. Pero,

    – ¿Qué es esto? ¡¿Con qué competencia se inmiscuye el Gobierno en el Poder Judicial, apoyando una decisión ideológica partidista del magistrado Llarena, que retorció ‘presuntamente’ el Derecho en la causa que instruye?!, lo que he mantenido siempre (¡Uff! Creo que se me reactivarán las neuronas antes de lo previsto). Pero,

    – ¿Cómo que la defensa del magistrado hemos de pagarla los ciudadanos? ¡Sólo faltaba! Es indigno cargarnos la costosa Minuta, entre otras cosas porque abre un precedente ante futuros casos irregulares o Resoluciones personales de magistrados y bastante pagamos ya a un Poder Judicial que dista mucho de actuar con la independencia exigible en diversos graves casos constatados.

    Habrá ciudadanos que ante tan improcedente apoyo, se preguntarán:

    QUÉ TENDRÁ QUE VER la decisión partidista de un juez con el riesgo de que se pierda confianza en la neutralidad de nuestra jurisdicción, según alegan los políticos (parece irónico, porque lo que la falta precisamente, salvo contadas excepciones, es neutralidad) PERO, ¡POR SUPUESTO QUE TIENE QUE VER! Y seguidamente lo planteo, a modo de recordatorio:

    1) El hecho de que para sostener el juez Llarena su errónea tesis ante Bélgica haya tenido que pedir amparo al Gobierno demuestra una vez más, la no independencia de los tres Poderes, siendo el modus operandi que desde el 78 viene ejerciéndose. Pero el colmo de la desvergüenza es que ya lo hacen descaradamente, cayendo en la ignominia. Y digo que desde el 78, porque, no olvidemos que la NO independencia del Poder Judicial comenzó con el emérito medio destronado implicado por aquel entonces en gravísimos delitos monetarios (y, por cierto, no hace tanto tiempo, presionando el sujeto a la Justicia para exonerar a su hija). Aquel ejemplo inmoral, desde el 78, como digo, fue copiado, ejerciéndolo a la par, o posterior y sistémicamente por nuestros políticos en sus corrupciones ante la pasividad de unos jueces que miraban (y miran) hacia otro lado al ser ideólogos de uno u otro partido. Lo que demuestra que el Régimen del 78 está viciado de origen por las instituciones y su inmunidad encubriendo irregularidades. Con un bipartidismo que nombra a los del CGPJ, implicándose éstos en sobornos o sutiles presiones inconfesables de aquellos a magistrados ¡Es información! ¡No existe separación de Poderes! Y no hay más que ver algunos actos a los que acude Felipe VI rodeado de jueces en incoherente camaradería, profesándole servilismo.

    De manera que cualquier anomalía…tropelía… cometidas, que por su interés y repercusión ciudadana puedan hacer tambalear nuestro marco constitucional, se oculta alegando “secretos de Estado”, cuando, precisamente lo que debe haber es TRANSPARENCIA EN EL ESTADO! Pero, ¡¿Qué me están contando?!.

    También existe en nuestros medios de comunicación tradicionales cierta censura y se sesga o selecciona ‘de parte’ la información política, como demuestra el hecho de que tuviésemos que enterarnos tiempo atrás -a través de la televisión italiana- del asalto a la sede del Govern por unos manifestantes portando banderas españolas y forzando las vallas de seguridad, increpando en bochornosa actitud incívica a los Mossos de Esquadra, sin difundirlo, como digo, en nuestra televisión española.

    Pero volviendo al punto 1), únicamente así, reitero, se comprende el vergonzante apoyo del Gobierno al juez Llarena,
    inmiscuyéndose, como digo, en decisiones judiciales que en un verdadero Estado de Derecho sería inadmisible, cuánto más, encubriendo prevaricaciones, como en las que…voy a decir ‘presuntamente’ incurrió el juez Llarena en su instrucción del Procés, pues una cosa es lo que tipifica el Código Penal como delitos y otra diferente la interpretación que “quiera” darle el magistrado, en cuyo caso sería el CGPJ quien debiera sancionarle. Pero, además, por el corporativismo de la Judicatura, el juez Llarena cuenta, por lo que veo, con el apoyo de sus homólogos. Todo muy acorde con la siniestra coyuntura referida.

    Y todavía tiene el Sr. Sánchez el cinismo… o ingenuidad de alegar que el deber de un Gobierno es apoyar nuestra soberanía jurisdiccional si es cuestionada, cuando, lo que debería analizar, en mi opinión, son los motivos por los que es cuestionada. Por supuesto que es lícito que un imputado, con independencia del país del que proceda, cuando siente sus derechos conculcados, recurra a los tribunales europeos que garantizan los derechos humanos. Por tanto, su afirmación irresponsable no es de recibo en un Presidente del Gobierno al no responder al caso que nos ocupa (salvo que crea que somos una mayoría inculta).

    Es claro que para el Gobierno del PSOE, así como para el resto de partidos, por acción o inacción valen las mayores….voy a llamarle ‘anomalías’ con tal de preservar el chiringuito que el cuestionado engendro constitucional del 78 del que se sustentan les otorgó.

    2) Al Sr. Puigdemont y presos políticos (porque lo son) no puede atribuírseles ‘golpismo’ y rebelión… Sencillamente, ¡porque no se han producido!. Y no sólo lo manifestaron expertos juristas españoles, sino que lo hemos comprobado en televisión todos los ciudadanos, ratificándonoslo privadamente también muchísimos compañeros catalanes que lo vivieron ‘in situ’ (ellos no tergiversan) y es la conclusión, asimismo, a la que han llegado tribunales europeos tras constatar vídeos y demás pruebas. En mi caso (como en el de multitud de ciudadanos) no hace falta ser catalana ni separatista para defender desde la imparcialidad la objetividad y la verdad contra ‘la injusticia’ ¡cuánto más si ha sido planificada!.
    No es un pulso contra nuestra Jurisdicción generalizada lo que aquí se dirime (pese a sus manifiestos errores en otros casos), sino que en éste prevalezca la Justicia ante las graves invenciones presentadas al albur de un determinado magistrado, llámese como fuere, obstinado en condenar a unos inocentes.

    3) Sin embargo, al Sr. Puigdemont sí podrá reprochársele, aunque en aras de la libertad de expresión, hechos en el Procés, como formas… intenciones…proclamas… discursos… (la malversación está por ver tras la negativa inicial del Sr. Montoro), pero nada de ello, basándonos en los hechos relatados, justifica el apoyo gubernamental a un magistrado y su sumario judicial, en mi opinión, ‘estrambótico’ desde su inicio, al estar repleto de irregularidades y contradicciones por parte del instructor, proyectando, además, una escandalosa carencia de seriedad.

    Y planteado lo anterior (a falta de mi concentración mental, por ahora) espero que los tribunales belgas admitan a trámite la denuncia del Sr. Puigdemont, exonerándole, como también a los encarcelados. Y tampoco quede duda alguna de que en lo expuesto radica el principal motivo por el que una buena parte de catalanes se quiere independizar de este Estado, al igual que millones (me consta sin exagerar) de no catalanes que, aun sin micro ni focos, tampoco compartimos este modelo de Estado (aunque aceptado porque …nos lo hemos encontrado) creado por/para los políticos que dicen representarnos mediante unas urnas de paripé que simulan aspecto de democracia en un Estado que apesta a poco que se hurgue en él. Por cierto, urnas, que tras comicios generales sólo permiten gobiernos del PP o PSOE. Y los demás partidillos… a su rebufo para reforzar el apuntalamiento de los cimientos de este cuestionado por incongruente Sistema.

    Puede que los políticos -si leen este comentario- se molesten, atribuyéndolo a una opinión personal, prefiriendo omitir que su lectura refleja su propio espejo y la triste realidad a la que han conducido a los españoles honestos a beneficio de unos cuantos indecentes corruptos del Régimen, hasta que surja un dirigente con agallas, capaz de enmendar tanta inmundicia, empezando por reivindicar hasta la saciedad en las calles un Referéndum bajo el amparo de la libertad de expresión.

    Dicho lo cual, el caso es que mi intención al iniciar el comentario, fue pronunciarme únicamente sobre el apoyo del Presidente al magistrado Llarena, pero he terminado hablando del Estado Español en general. Bueno, tanto da.

    Y otro punto más, que aprovecho para finalizar:

    4) El apoyo citado al juez Llarena es el SEGUNDO GRAVE ERROR del Sr. Sánchez como Presidente del Gobierno, pero de ellos y de los anteriores cometidos me pronunciaré en otro artículo más acorde para no desviarme del tema que ha originado este comentario ni hacerlo interminable.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.