Javier Pérez Royo | El Diario | 04/10/2018

Una sociedad democrática, que descansa en los principios de igualdad jurídica y libertad personal, es y no puede dejar de ser  una cadena ininterrumpida de relaciones jurídicas. En una sociedad democrática los individuos no pueden dejar de relacionarse jurídicamente. Están siendo permanentemente partes de una relación jurídica.

En la inmensa mayoría, en la casi totalidad  (99%) de esa relaciones, las partes coinciden con sus conductas en la interpretación de la norma jurídica reguladora de la relación y, en consecuencia, no se plantea ningún conflicto. En algunos casos, que son millones, pero que son un porcentaje insignificante en los billones de operaciones jurídicas en que consiste el tejido social, las partes no coinciden en la interpretación de la ley y surge el conflicto que, dependiendo de las circunstancias, acaba siendo residenciado o no ante un tribunal de justicia.

En este momento es en el que entran en juego los abogados de las partes, el fiscal y el juez. Y no entran en juego como intérpretes de la ley, sino como intérpretes de la interpretación que de la ley han hecho las partes con su conducta. Los abogados argumentan de manera contradictoria que es la parte que cada uno de ellos representa la que se ha mantenido con su conducta dentro de la ley y que es la otra parte la que se ha puesto fuera de la ley. El fiscal, en aquellos asuntos en que se exige su presencia, que no son todos, aunque cada vez son más, se supone que informa de manera neutral y objetiva sobre la adecuación/inadecuación de la conducta de cada una de las partes a lo previsto en la ley. Y el juez, que es el portador del poder del Estado, tras haber oído a las partes, a sus abogados y al fiscal, acaba decidiendo cuál de las partes ha interpretado con su conducta correctamente la ley y cuál no lo ha hecho.

La interpretación de la ley está presidida por el principio de igualdad. Y dicho principio de igualdad exige que las partes estén representadas por sus respectivos abogados, que son quienes se enfrentan en el juicio. Es el principio de “igualdad de armas” acuñado por la doctrina alemana. Pero exige, sobre todo, la neutralidad e imparcialidad de los representantes del Estado en el proceso de administración de justicia.

El principio de igualdad puede quebrar o porque el abogado de una de las partes tiene acceso al fiscal y al juez de una manera que no la tiene el abogado de la otra o porque el fiscal y, sobre todo, el juez carecen de la imparcialidad exigible en la tarea que tienen constitucionalmente encomendadas.

Francisco Javier Martínez Derqui, el juez que llama ‘bicho’ e ‘hija de puta’ a la modelo (ver foto de cabecera) María Sanjuán.

Esta triple quiebra del principio de igualdad es la que ha quedado recogida en el vídeo hecho público esta mañana por la Cadena SER, en el que, en una conversación entre el juez, la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia, queda reflejada una conducta de cada uno de ellos que resulta incompatible con lo que la Constitución exige en el proceso de administrar justicia.

El vídeo es sobrecogedor porque refleja una conducta impropia de los tres, aunque no de los tres por igual. Pero de los tres. Y sobre la conducta de los tres deberían abrir una investigación el Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. La apariencia de que se administra justicia forma parte del derecho ciudadano a la tutela judicial efectiva. Si no parece que se está administrando justicia, es que no se está administrando. El vídeo es concluyente. La “complicidad” de la letrada, la fiscal y el juez produce espanto.

Y en un tema tan sensible como el que estaba presente en la conversación. Y en el lugar y en el momento en que la conversación tiene lugar. No estamos en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí en el lugar y en  el momento más próximo al ejercicio de dicha función. Por eso ha quedado reflejada en el soporte en que ha quedado reflejada. Es una conversación privada, pero mantenida inmediatamente después de un acto público. ¿No será ese el momento en el que están diciendo lo que de verdad piensan?

El vídeo es expresión de una (in)cultura jurídica terrible, que es la que ayuda a explicar la magnitud del fenómeno de la violencia contra la mujer. ¿Cómo podemos extrañarnos de que pase lo que está pasando, cuando tres personas que, por ser piezas claves en el proceso de administración de justicia, a través del cual se debería hacer frente a la violencia contra la mujer, se expresan de la forma en que lo hacen?


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