Hace apenas unos días, PSOE y PODEMOS alcanzaban un acuerdo de presupuestos para el 2019, con 20 medidas clave, entre ellas la subida del IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros, subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros o la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC. Si bien algunas medidas podrían ser mejorables, lo cierto es que son unos presupuestos sociales como nunca se habían elaborado en el Estado español. Sin embargo, la suma de PSOE y PODEMOS no da para su aprobación y necesita del apoyo de los partidos regionales y/o independentistas.

Ciertamente, el Congreso tiene repartido los escaños entre 9 partidos, siendo la suma de PSOE y PODEMOS de 156 escaños y la de PP y C’s, apocalípticos ante estos presupuestos, de 169 escaños. Así, PSOE y PODEMOS, especialmente el primero, tienen que buscar apoyos en los otros 5 partidos (ERC, CDC, PNV, Bildu, Cca) para aprobarlos, pues necesitan superar los votos contrarios de PP y C’s, y para ello necesitan sumar un mínimo de 170 escaños, es decir, 14 votos más. De momento, parece ser que CDC no dará su apoyo a dichos presupuestos y la suma de PNV, Bildu y CCa sólo le suman 8 votos más. Así, ERC queda como el partido que, de no apoyar dichos presupuestos, éstos no saldrán adelante. Pero, ¿cómo iba abstenerse ERC ante tales presupuestos sociales? Su razón se encuentra en los presos políticos y el referéndum pactado de autodeterminación que demanda la sociedad catalana.

Hasta la fecha, ha parecido que la “cuestión catalana” ha sido de menor importancia para los intereses del Estado y de sus partidos, pero ante el panorama actual, ERC deviene un actor clave para la sociedad española. Los presupuestos elaborados por PSOE y PODEMOS habrían sido vistos con muy buenos ojos por ERC en un contexto político diferente, sin embargo es imposible ocultar que la tensión política en el Estado español es muy elevada y ERC debería votar en contra de dichos presupuestos a no ser que alcanzara dos acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez: en primer lugar, explorar la vía de un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado, siguiendo la vía del Quebec; y en segundo lugar, exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que la fiscalía retire la acusación de rebelión que mantiene sobre los presos políticos y exiliados cambiando al Fiscal General del Estado.

La vía del Quebec, que defendió Pedro Sánchez en setiembre de este año como ejemplo, consiste en la celebración de un referéndum de autodeterminación dentro de los límites legales de una Constitución que no permite la escisión de una de sus partes. Sin embargo, Canadá introdujo la “Ley sobre la Claridad referendaria”, una ley federal aprobada por el Parlamento de Canadá que establece las condiciones en las cuales el Gobierno de Canadá podría entrar en negociaciones que podrían conducir a la secesión de una de sus provincias tras un referéndum. Aplicar esta vía en la arena política española implica una carrera de fondo, pues necesita del apoyo de más de la mitad de los votos del Congreso y, por lo tanto, es una medida que queda tan lejos como muerta debido al panorama político español actual. Aunque ERC no puede dejar de lado esta vía, sino persistir en ella, le queda una segunda demanda, más cercana en el tiempo y factible política y estructuralmente: conseguir que la fiscalía retire las acusaciones de delito de rebelión a los presos políticos y exiliados.

A día de hoy, y a pesar de que el PSOE cambió al Fiscal General del Estado en junio, la Fiscalía sigue manteniendo la acusación de rebelión sobre los presos políticos y exiliados que iniciara el Fiscal elegido por el PP. Poco ha servido a los fiscales que los juzgados de estados como Alemania, Bélgica, Escocia y Suiza, hayan negado que pueda juzgarse por rebelión a los políticos independentistas, o que Amnistía Internacional reitere su petición de libertad inmediata para “los Jordis” un año después de su ingreso en prisión, hecho que muestra la existencia de presos políticos en España (en especial el caso de lo “Jordis” que son presos políticos pues ellos dos no son ni han sido diputados en ningún momento). Así, ante esta deriva autoritaria y desbocada de la fiscalía, el gobierno de Pedro Sánchez puede volver a tomar cartas sobre el asunto, pues la cúspide de la Fiscalía está ocupada por el Fiscal General del Estado, el cual es nombrado por el Ministro de Justicia -es decir, por el Gobierno-, como establece el artículo 124.4 de la Constitución Española de 1978, y de ahí todos los Fiscales Jefes. Por lo tanto, la Fiscalía depende del Gobierno y de su política judicial e ideológica, por lo que el argumento de la imposibilidad de acción del gobierno de Sánchez ante el caso de los presos políticos y exiliados es falsa, tanto como la injustificada necesidad de la cárcel preventiva ante una rebelión inexistente. Es cierto que, según el artículo 31 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, el fiscal no puede ser substituido por voluntad del gobierno sin que éste cambie, pero nada dice de que el gobierno no pueda persuadirlo en conversaciones privadas o mediante declaraciones públicas.

A muchos les puede parecer chocante que el acusador, en este caso el aparato del Estado, retire la acusación de una causa por motivos políticos de mayor importancia, pero el mismo Estado español tiene antecedentes recientes de retirada de acusación por parte de instituciones estatales, y ERC conoce a fondo una de ellas: me refiero a la retirada por parte de la Generalitat de siete causas judiciales contra activistas sociales. Para situarnos, una de las demandas de la CUP a Junts pel Si (CDC y ERC) para investir a Carles Puigdemont en 2016 fue la retirada por parte de la Generalitat de la acusación en siete procesos judiciales en los que ejercía la acción penal y civil contra 40 acusados de participar en protestas y desórdenes públicos. Así, se retiraron las acusaciones por parte de la Generalitat contra la docena de imputados que participaron en la concentración que tuvo lugar en diciembre de 2011 en la Universitat de Girona, por los altercados ocurridos de la huelga general del 29 de marzo de 2012 en protesta por la reforma laboral del Gobierno del PP, o por las protestas contra la línea de muy alta tensión (MAT) a su paso por Vildasens (Gironès) en enero de 2014 y las manifestaciones por el desalojo Can Vies, en mayo de 2014. La retirada de las acusaciones iban en contra de la voluntad de CDC, pero el partido se vio obligado a aceptar las demandas de los 10 diputados de la CUP, necesarios para aprobar la investidura de Carles Puigdemont.

Ciertamente, en una situación política diferente, ERC debería aprobar los presupuestos de PSOE y PODEMOS sin decir palabra, pero la situación política actual requiere de coherencia: si bien las medidas fiscales y económicas son imprescindibles para salvar a la sociedad de un neoliberalismo voraz alimentado por el PP, también es una cuestión social acabar con la represión ideológica que está llevando a cabo el Estado español. A día de hoy, más de un 25% de los votos del Estado español están de acuerdo en celebrar un referéndum de autodeterminación en Catalunya, a su vez que éstos mismos condenan las actuaciones policiales y judiciales que se están llevando a cabo a raíz del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. Además, el Congreso de los Diputados está fragmentado, por lo que el diálogo entre todos se hace más obligatorio que nunca, y por ello no podemos olvidar que los partidos independentistas también forman parte del congreso español y, por lo tanto, de la democracia. El pacto presupuestario alcanzado por PSOE y PODEMOS beneficiaria a millones de españoles y sólo afecta negativamente a una clase adinerada que ha visto pasar la crisis muy de lejos, pero fundar las mejoras sociales con presos políticos es, a su vez, dinamitar las bases de la libertad, la dignidad y la coherencia de una Estado autodenominado democrático. De ahí que los partidos nombrados “progresistas”, especialmente el PSOE, tendrán que decidir si la cuestión social pasa por delante de la cuestión y el orgullo nacional, es decir, si las necesidades de los españoles pasan por delante de colgar la bandera en los balcones: de lo contrario, nos podemos ver abocados a unas elecciones en las que la derecha xenófoba, ultra nacionalista y corrupta puede alcanzar la gobernabilidad del Estado español.

7 Comentarios

  1. El hecho de que PDeCAT y ERC, condicionen su apoyo a los PGE del Gobierno a la injusta situación que atraviesan sus exiliados y presos políticos, es comprensible, aunque EL ERROR por su parte ha sido hacerlo público e instando al Gobierno a una injerencia judicial, cuando, “en teoría” no debería influir. Y digo que “en teoría”, porque ya hemos constatado que en la práctica el Gobierno respaldó ante Bruselas al Poder Judicial, cuando, en definitiva era un apoyo al juez Llarena en su decisión partidista o personal sobre los implicados catalanes, dejando constancia de la NO separación de Poderes. Luego entonces, ¿con qué nos quedamos, con la teoría o con la práctica?.

    Dicho lo anterior, y como los dirigentes catalanes miran mucho “la pela”, a tenor de los milloncejos que pueden percibir para Cataluña, yo soy de las que creen que al final apoyarán los PGE.

  2. Ciertamente, ERC lo tiene difícil para decir no a los presupuestos (PDeCAT no porque son contrarios), pero si ERC dice sí sin pedir nada se juega muchos, demasiados votos. De ahí que tenga la duda y considere no apoyarlos. Veremos

  3. Eso tienen q hacer, liberarlos xq fue una cabronada llevarlos al trullo por votar la gente una vida mejor y está bien que los separatistas le hagan un chantaje a Pedro con los presupuestos hasta que los suelten y el Puch se vuelva a este país sin llevarle a juicio.

  4. Anda el trío político con un pique de tomo y lomo, expresando cada uno distinto argumento sobre los PGE ante el protagonismo del Sr. Iglesias con motivo de su entrevista con el Sr. Junqueras esta tarde.

    Estos ‘guaperas’ son como niños celosos, aunque algunos con peor intención.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.