Este escrito puede parecer el alegato de un abogado defensor de la causa catalana y de la causa personal de los siete políticos del gobierno catalán, expuestos ridícula y absurdamente a perder la libertad prácticamente de por vida.

No puedo evitar empezar diciendo que es muy mala señal que, absurda y cínicamente, se responda desde las instancias políticas y parte de las periodísticas que esos siete procesados no son pre­sos políticos. Parecen no darse cuenta de que tampoco lo eran para el Régimen franquista los encarcelados y ejecutados por co­munistas, por socialistas, por anarquistas o por republicanos. Se necesita tener la desvergüenza propia del dictador y de la dic­ta­dura para afirmar, como hizo el gobierno anterior de este simu­la­cro de democracia -el que dio lugar a la situación-, pero tam­bién como hace el actual d otro supuesto signo opuesto, que los siete políticos catalanes en prisión preventiva hace más de un año, que son presos comunes. Aunque no existe la pena de muerte, tienen la vida pendiente de un hilo, pues pen­den de un ve­redicto que puede condenarles a prisión por el tiempo que vir­tual o realmente les queda de vida. El veredicto de un juicio, por cierto, para cuya sustanciación se calculó de an­temano la frio­lera de tres meses pese a que se reduce a la práctica de una sola prueba: si hubo o no violencia por parte de los acusados en su convocatoria de referéndum y en consecuen­cia cometieron o no el delito de rebelión o de sedi­ción. Total, una cadena por ahora de disparates políticos y foren­ses, por lo que concierne a Fis­calía, a la espera de verse si tam­bién judiciales. Confiemos, aun­que es mucho confiar, en que la Justicia del Tribunal Supremo, pese a que no da muchas señales en otras materias de remontar las taras ideológicas incrustadas en España después de la dicta­dura, corrija el entuerto, el entramado artificioso creado, y ab­suelva de toda culpa a los siete procesados…

(Parece el alegato de un abogado defensor, decía, pero de hecho lo es parte del argumentario, pues en la Sala, nadie puede salirse del guión y todos los testigos están conminados a ceñirse exclusivamente a responder lo que sucesi­vamente vieron en los días de autos; no pueden hacer otras consideraciones que, de ma­nera machacona, el presi­dente del tribunal tacha de imperti­nentes. Es tal el ruido, la tur­bulencia y la confusión que existe en torno a todo lo que viene ocurriendo desde hace tres años en Cataluña, que no veo por ningún lado que se piense, se hable y se es­criba con claridad de ideas y objetividad, de tejas abajo, esto es, fuera de Catalunya.

El caso es que este aparatoso juicio es la culminación de una trampa, seguida por una cadena de felonías a cargo de la casta dominante que acapara las instituciones políticas y las judiciales. Recapitularé la secuencia; secuencia que no va a ser tenida en cuenta en absoluto en el desarrollo de este juicio circense…

Primero, a instancias del gobierno, el TC cepilla el Estatut. Luego, el gobierno no autoriza el referéndum solicitado por el ca­talán ante el clamor popular que lo demanda. Y luego, ese mismo gobierno, por medio a la Fiscalía, castiga a siete gober­nantes catalanes a prisión preventiva por haberlo convocado sin su autorización. La interpretación política obtusa, autoritaria y tramposa, desprovista de toda motivación técnica, del artículo 149, 32º de la Constitución: “El Estado tiene competencia exclu­siva sobre las siguientes materias: 32º Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” es la causa de este desaguisado.

La primera consideración es, que no sería tan inconstitucional el referéndum, como luego lo ha calificado él mismo, cuando el líder de la oposición en 2008, Mariano Rajoy, exige a voz en grito en el Congreso al presidente del gobierno Zapatero, el re­feréndum en Cataluña. Que tuviese luego, diez años después, en 2018, ya presidente, la desfachatez de proceder contra siete de los miembros del gobierno catalán por los delitos de rebelión por haberlo convocado, pone de manifiesto, primero que aquella exigencia suya fue una inducción al gobierno de 2008 a la incons­titucionalidad como él la entendió en 2018. Pero al mismo tiempo, aparece ahora como una trampa tendida a ese mismo go­bierno central y, de paso, al gobierno catalán que, al celebrar pese a todo el referéndum, no pudo creer que el cinismo de Ra­joy llegase tan lejos al haberlo exigido él mismo diez años antes.

Y es que la “legalidad” y la constitucionalidad de la que tanto hablan en este grave asunto pero también en otros los gobier­nos de los dos colores, son manejadas de manera miserable. Los dos y la casta dominante prostituyen ambos concep­tos en su interpre­tación literal y su aplicación: ellos son sus proxenetas. Por eso el TC primero y el TS después, siguiendo la estela de las arbitrariedades interpretadas por la Fiscalía incitada por la arbitra­riedad del gobierno, dieron remate, cada uno en su mo­mento, a la cadena de despropósitos.

Lo dicho es en relación al espíritu y la letra entonados por el partido “conservador”. Pero no le va a la zaga el partido “un poco progresista”. Lo prueba inequívocamente el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, hace un par de sema­nas al responder al periodista y presentador del programa Deuts­che Welle, Tim Sebastian, para el programa ¿Conflict Zone?. El entrevistador citó en el transcurso de ella el 70 por ciento de espa­ñoles favorables a la reforma de la Constitución, dato publi­cado por el CIS, cuando el ministro dijo defender la legalidad. Ello hizo perder los papeles al ministro, que dijo al entrevistador que mentía, no pudo mantener las formas, se quitó el micrófono, abandonó su asiento y dejó plantado a su entrevistador. Luego, aconsejado por sus asesores, volvió. Volvió, pero para incre­parle : «Es increíble lo ignorante que es usted». «Podría hacer me­jor sus preguntas», le espetó Borrell al periodista al regresar. Y éste no dudó en responderle: «No estoy aquí para hacerle pre­guntas que le gusten». ¿Podemos pensar que este supuesto socia­lista campeón de la “legalidad” tal como la interpretan los “cons­titucionalistas” y los “legalistas” de las derechas, no calca la ideología política en este terreno de la de Rajoy y su camari­lla? (Incidente, por otra parte, que se explica fácilmente al estar “nuestros” gobernantes del gobierno central acostumbrados a las entrevistas pasteleras de los periodistas españoles).

En todo caso, la devoción por la Constitución de este pesoísta y su desconocimiento del dato del CIS muestran lo alejados que están de la realidad social que bulle por abajo, no sólo los fran­quistas de las derechas sino también los mal llamados socialis­tas. Porque la reforma de la Constitución española que pide ese 70 por cierto que Borrell ignoraba, es consecuencia de su redac­ción y de las circunstancias en que fue redactada, pero también, efecto del caprichoso y arbitrario modo de interpretarla, de apli­carla y de “manejarla” los gobiernos, la Fiscalía, el TC, el TS y los medios subvencionados desde 1978. No tuvieron, por eso mismo, los gobiernos del bipartidismo pudor alguno al introdu­cir el artículo 135 que fija el techo del déficit dando prioridad en el cobro a los acreedores internacionales sobre cualquier otra de­recho, por la puerta de atrás, sin aprobación del Congreso, y aquí no pasó nada; la Constitución prevé el referéndum y la con­sulta popular, pero los gobiernos de la alternancia y la judicatura los impiden. Pues otro ejemplo bien reciente a propósito de las consultas, ilustra la bellaquería que hay tras este tinglado socioló­gico: el Tribunal Supremo acaba de blindar la tauroma­quia al vetar la consulta en una de sus recientes resoluciones. Así es que, por el lado jurisdiccional, tampoco el Supremo las auto­riza. Lo que evidencia que, para la casta domi­nante, referén­dum y consulta son de esas instituciones que, como ocurría con las leyes franquistas, las menciona el legisla­dor pero los encarga­dos de aplicar la ley las hacen inoperantes, papel mo­jado. Figuran de adorno (como de adorno ha estado cua­renta años el partido comunista, sólo para permitir al biparti­dismo pre­sumir ante el mundo, de democracia). Así pues, todo lo que su­cede evidencia que el epígrafe 32º del artículo 149 está de re­lleno, pues sólo vale para consultar a los españoles, por ejemplo, si prefie­ren a la virgen del rocío o la moreneta. Pero en absolutopara asuntos de calado, como lo son las aspiraciones catalanas y la tauromaquia…

Pero es que, además del capricho ideológico y otras razones, las consultas populares no sólo no interesan a los gobiernos por razones políticas poco o nada democráticas próximas a la ideo­logía franquista. Tampoco interesan a los medios de comunica­ción, ni a las empresas demoscópicas asociadas. Pues estas per­derían la relevancia que tienen ahora, y con ello horas y horas de conjeturas y valoraciones de políticos y periodistas en torno a los resultados de sus encuestas y sondeos. El resultado sin dilacio­nes de una consulta popular enerva la inversión de los me­dios en la empresa demoscópica. De manera que tampoco sería extraño que detrás de las decisiones políticas y judiciales im­pidiéndolas, estuviese la presión de los medios, no por predo­minantes más importantes.

¿Creen, por último, estos politicastros y justicieros trasnocha­dos, rancios e involucionistas, que los países y tribunales euro­peos no han de ver este asunto de la negativa a las consultas po­pulares y al referéndum y el modo de responder al asunto la polí­tica y la judicatura españolas, al igual que otros muchos as­pectos de la vida política y judicial, como la prueba definitiva de que a España le falta todavía mucho para ser considerada demo­cracia y ser digna de pertenecer a la Comunidad Económica Euro­pea, como no sea para servir a Europa como gigantesca ta­berna de lujo?

6 COMENTARIOS

  1. Ni el teatro del absurdo, ni las Pinturas Negras de Goya (sátiras de la Inquisición, de los enfrentamientos civiles y políticos, como en el Saturno: el Estado devorando a sus súbditos o ciudadanos) durante el Trienio Liberal, ni nadie en su sana razón podría imaginar este Sainete Político-Jurídico que estamos sufriendo en pleno siglo XXI, en Europa (aunque sea en España)

    Os lo puedo garantizar porqué he seguido en directo varias retransmisiones de las sesiones del «Juicio», os lo recomiendo -> RTVE.es retransmite en directo el juicio a través del servicio +24.
    Debido a qué desgraciadamente no nos podemos creer lo que nos «informan» los medios, lo mejor es poder ver lo que sucede, como sucede, y tener un criterio própio!

    No recuerdo exactamente si era el miércoles o el jueves de la última semana, cuando declaraban miembros de la Seguridad del Estado y simultaneamente, los abogados de las defensas estaban visionando, en sus ordenadores, los hechos sobre los que se estaba declarando. Patético : No coincidían las declaraciones verbales con sus propias imágenes, o mejor dicho, eran absolutamente contradictorias.
    Pero como que el Magistrado Llarena & Cia. han decidido qué no se pueden mostrar ni documentos, ni imágenes en esta fase del juicio … Se pasarán todas las imágenes al final … Y ¿Cómo se confrontarán entonces con las declaraciones verbales? …?…
    Este es solamente uno de los detalles

    Insisto, os recomiendo qué veais la retransmisión en directo y qué lo recomendeis a otros!

  2. Yo ni soy catalán ni tengo familia, ni intereses en Catalunya…
    Es sencillamente deprimente, unas veces y exasperante siempre para los espíritus eclécticos y para las conciencias rectas. Toda esa gentecilla mezquina que se sienta con ampulosidad frente a los circunstantes no puede inspirarles, a ellos pero también al mundo que presencia la pantomima, más que un sentimiento de repulsión hacia la propia Justicia que aparenta impartirla.

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