jueves, agosto 16, 2018

Desear la muerte al hijo de Rufián y amenazar a Errejón, no es delito

¿Según el baremo actual, no incita al odio decir al líder de ERC "ojalá maten a tu hijo" o amenazar con echar lejía en la boca al dirigente de Podemos?

Los privilegios de la Iglesia que blindó la Constitución del 78

Pese a que, en la Constitución, España se declara un país aconfesional, la Iglesia católica es la única institución no vinculada a los tres poderes del Estado o la Corona a la que se cita expresamente, y a la que se concede un reconocimiento en base a la entonces indiscutible mayoría católica entre la ciudadanía.

La Constitución que certificó el fin del Estado social

Se diría que la Constitución española tiene un único artículo, el 2, cuando dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Con la reforma del 135  se maquinó el fin del Estado social. España, de tanto no ser ya un Estado social, se ha vuelto un Estado al servicio de la economía, de las grandes corporaciones.

Religión en las aulas, exenciones fiscales y financiación pública: los privilegios de la Iglesia...

La Carta Magna, los Acuerdos Iglesia-Estado y la Ley de Libertad Religiosa de 1980 consagraron la posición dominante de la institución en España. La Iglesia recibe más de 11.000 millones de euros al año en diversos conceptos, sigue exenta de varios impuestos y no hay control sobre el dinero recaudado en sus templos. El Estado paga el sueldo de obispos, sacerdotes, profesores de Religión y capellanes, sostiene los templos patrimoniales y financia miles de colegios, hospitales y dispensarios católicos.

El gran negocio electoral de Indra

El Ministerio del Interior ha tramitado este contrato por vía de urgencia debido a la falta de tiempo ante la inminente cita electoral, lo que significa que no ha habido concurso público en el que se detallaran las condiciones, servicios solicitados y precios. Es la segunda vez que se aplica esta vía para realizar el escrutinio provisional (no el definitivo).

Rajoy ha vaciado el 90% de la hucha de las pensiones

El Gobierno paga una parte de la extra de las pensiones con el crédito de 6.000 millones que pidió el pasado julio y otra parte con el Fondo de Reserva. Desde máximos de cierre de 2011 (66.815 millones), la "hucha" ha caído a los 8.095 millones de este diciembre de 2017, casi un 90%. Va extendiéndose la idea de crear un impuesto específico o usar los existentes para afrontar el pago de pensiones más allá de las cotizaciones.

Una farmacéutica paga a un grupo de parlamentarios de PP, Ciudadanos y PNV una...

Amgen invitó a los políticos a su planta de biosimilares en medio de las reclamaciones del sector de una normativa específica para estos fármacos . Acudieron a Irlanda senadores de la comisión de Sanidad del PP y el PNV y tres diputados de la Asamblea andaluza de Ciudadanos. El PP subraya que no fue "un viaje oficial de la Cámara", el PNV sí considera que tiene "relación directa con su actividad parlamentaria" y Ciudadanos que "su asistencia resultará de gran utilidad".

El gobierno justifica que los Guardias Civiles reciban clases de tauromaquia para “realizar correctamente...

El Gobierno justifica que los guardias civiles que tratan de acceder a la escala de suboficiales reciban clases sobre tauromaquia para así tener un “conocimiento óptimo de la lidia”

El Gobierno niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio...

El acuerdo creado por el Gobierno y la patronal farmacéutica garantiza un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca. El sistema desincentiva la búsqueda de tratamientos más económicos como los que suponen los medicamentos genéricos, dicen los afectados. El Ejecutivo ha utilizado la asistencia financiera como una palanca para que diez comunidades se incorporen al modelo al convertirlo en requisito obligatorio.

¿Por qué algunos en Europa siguen considerando a España franquista?

En Europa han comenzado a surgir voces que acusan a España de comportamiento franquista, seguramente porque nuestro país ha elegido soluciones del siglo XX para lo que Reino Unido o Canadá prefirieron procedimientos del siglo XXI.
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